La Fiscalía Superior de Catalunya investiga si el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, autorizó que Lluís Escolà, un asesor del departamento que percibía un salario público, realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica. El Ministerio Público ha aceptado este miércoles la denuncia que interpuso Ciudadanos.
En el decreto de apertura de diligencias, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, apunta a que la decisión de suministrar un servicio de escolta, con cargo al erario público, “en favor de una persona contra la que se ha dictado auto de procesamiento firme y subsiguiente orden de busca y captura por graves delitos [en referencia a Puigdemont] podría constituir los posibles delitos de prevaricación y malversación.
De ellos resultarían responsables, abunda el fiscal, las autoridades o funcionarios que hubieran favorecido la autorización al escolta. Para esclarecer los hechos y comprobar si efectivamente Buch enmascaró al escolta de Puigdemont como un asesor del departamento, el fiscal solicita varias diligencias a los Mossos d'Esquadra.
En primer lugar, reclama comprobar si Escolà, desde que fuera nombrado oficialmente “asesor en materia de sistemas de seguridad” en julio de 2018 ha desarrollado cualquier actividad que pueda “entenderse como propia de protección, custodia o escolta del procesado rebelde sr. Puigdemont”. Asimismo, solicita los países en las que se desarrolló la función de escolta y si la misma se efectuó “con conocimiento o aquiescencia” de autoridades o funcionarios de la conselleria.
También pide el fiscal concretar el sueldo público de Escolà como asesor –según las tablas salariales de la Generalitat le correspondería un salario de 68.797,40 euros anuales– y la “situación administrativa” de Escolà “en relación a su pertenencia al cuerpo de Mossos d'Esquadra”. Escolà cesó de su puesto de asesor la semana pasada.