El juez rechaza excluir whatsapps de un abogado con un narco que metió una tonelada de coca en el Puerto de València

El juez instructor de la causa contra el narcotráfico a gran escala en el Puerto de València ha descartado excluir del sumario conversaciones de WhatsApp entre un conocido penalista de la ciudad y su cliente investigado en el procedimiento de la 'Operación Spider', reseñadas en un reciente informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El magistrado, en un auto del pasado 22 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es, coincide “íntegramente” con la postura del fiscal antidroga, quien considera que los diálogos incluidos en el informe policial no encajan en el carácter confidencial de las comunicaciones entre abogados y clientes. Sin embargo, el representante del Ministerio Público también descarta de plano “cualquier actuación irregular del despacho profesional” señalado por la Policía Nacional. La resolución del instructor, que no es firme, deniega la petición de expurgo de los diálogos, a la que se habían adherido varias de las defensas de los presuntos narcos.

El informe de la UDYCO analizaba el teléfono intervenido a Víctor Manuel M. J. (vinculado indiciariamente al alijo de 1,1 toneladas de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025) y deslizaba la “íntima relación directa” del presunto narco y de otro interlocutor, también procesado, con un conocido bufete de València especializado, entre otros asuntos, en la defensa de acusados de tráfico de drogas. La UDYCO considera a Víctor Manuel M. J. como un “inversor en operaciones de narcotráfico” y lo sitúa en la cúpula de la presunta trama del Puerto de València.

El penalista aludido protestó, ante la inclusión de los whatsapps en el informe, “por la afectación del derecho de defensa y del secreto profesional” y solicitó el expurgo de las “comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente”, la “retirada de las transcripciones y valoraciones que revelan” y la “adopción de medidas para impedir su reiteración”. Sin éxito, a tenor de la postura del fiscal y del juez instructor.

Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconocen que todas las comunicaciones entre un investigado o encausado y su abogado tienen carácter confidencial. Sin embargo, el fiscal esgrime en su escrito que la protección “no depende exclusivamente de la condición profesional de uno de los interlocutores ni alcanza, de manera automática e indiferenciada, a cualquier contacto mantenido entre una persona y quien sea o haya sido su abogado”.

El representante del Ministerio Público recuerda que, para excluir del procedimiento una comunicación de ese calado, debe estar “materialmente vinculada al ejercicio del derecho de defensa”, ya sea “una consulta jurídica, un asesoramiento, una instrucción profesional, una estrategia procesal o información confidencial comunicada en el marco de la relación abogado-cliente”.

“La mera intervención de un abogado en una conversación, su mención por terceras personas o la existencia de una relación profesional previa no determina por sí sola que todo el contenido quede sustraído de las actuaciones”, apostilla.

En una de las conversaciones de WhatsApp, Víctor Manuel M. J. preguntaba al letrado por la situación de varios detenidos en una causa por narcotráfico. “Aunque se trata de una conversación directa entre un investigado y un abogado con el que habría existido una relación profesional, su contenido no versa sobre la situación jurídica del propio investigado ni contiene asesoramiento, instrucciones o estrategia relacionada con su defensa”, afirma el fiscal.

Además, el escrito del Ministerio Público enmarca las respuestas del abogado en aquel diálogo en un “contenido esencialmente informativo y organizativo, referido a las personas que serían asistidas por el despacho, al momento previsto para su puesta a disposición judicial y al resultado de la comparecencia”.

Una simple “hipótesis policial”

El informe de la UDYCO también incluye una llamada perdida de WhatsApp del 19 de julio de 2025 (el día siguiente de uno de los alijos investigados en el marco de la causa) del abogado a Víctor Manuel M. J., que este último no contestó. Para los investigadores resulta un hecho de “vital importancia” para las pesquisas: la llamada fue mediante la popular aplicación de mensajería rápida (se trata de comunicaciones que “escapan al control policial en el caso de que el terminal móvil estuviera intervenido judicialmente”). Y también destacan la fecha, “para resaltar” la presunta participación de Víctor Manuel M. J. en el cargamento de coca intervenido la víspera.

El escrito del fiscal excluye que se trate de una comunicación confidencial entre abogado y cliente y enmarca las afirmaciones de la UDYCO en una simple “hipótesis policial”. “Tal afirmación constituye una inferencia que no puede considerarse acreditada por el solo hecho de haberse utilizado dicha aplicación, pues se trata de un medio de comunicación ordinario y ampliamente extendido”, argumenta.

También rechaza excluir del sumario una conversación entre Víctor Manuel M. J. y su esposa, también del 19 de julio de 2025, tras el alijo de 1,1 toneladas de coca en el Puerto. El penalista no conseguía localizar al presunto narco y había contactado con su mujer, que estaba lógicamente preocupada. Sin embargo, Víctor Manuel M. J. no había atendido la llamada de su abogado al estar en Ibiza con otros presuntos narcoestibadores investigados en la causa (Iván T. R., Borja M. R., Jonatan G. C. y Óscar M. G.).

“No se trata de una conversación entre abogado y cliente, sino de una comunicación entre el investigado y una tercera persona”, afirma el fiscal. “Sin embargo”, matiza, “la conversación no afirma expresamente que el letrado conociera la existencia de una concreta operación policial, que estuviera informado de una aprehensión de droga o que temiera la detención de los investigados”.

El fiscal avala la actuación del bufete

Además, la UDYCO también incorporó al informe un audio en que Sergio Manuel M. M., un sujeto “implicado en el tráfico de drogas a gran escala en Valencia”, aludía a una conversación que había mantenido con una abogada del mismo bufete.

El fiscal considera que el mensaje supone una “mera referencia a que una cuestión ha sido previamente consultada o comunicada a una letrada”, lo cual “no convierte todo el diálogo posterior en una comunicación profesional protegida”.

En definitiva, si bien el informe de la UDYCO afirmaba sin reservas que el despacho de abogados “mantiene informado al entramado criminal de acciones policiales y de la justicia”, el fiscal rebaja en gran medida la acusación deslizada y sostiene que esas “inferencias” no acreditan, en ningún caso, “el conocimiento de determinadas operaciones policiales por parte de los profesionales intervinientes o cualquier actuación irregular del despacho profesional”, como sugerían abiertamente los investigadores.