La jueza de la dana investiga por qué la Diputación mandó a casa a sus empleados en contraste con el papel de la Generalitat
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La jueza de la dana investiga por qué la Diputación de Valencia mandó a casa a sus trabajadores el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, en contraste con la más bien pobre actuación de la Generalitat. Así se desprende de una providencia dictada este martes por la magistrada en la que acepta las diligencias propuestas por la acusación popular que ejerce en la causa la entidad Acció Cultural del País Valencià, representada por el abogado Manolo Mata.
La instructora ha requerido a la secretaría general de la institución provincial un informe sobre la decisión de mandar a casa a sus empleados, comunicada en un correo electrónico a las 14.00 del día de autos (e-mail revelado por elDiario.es dos días después de la dana), “de quién partió la iniciativa, qué responsable político la acordó y en qué forma, cuándo se acordó y cómo se comunicó a los trabajadores, adjuntando documentación que acredite todo ello, identificando, en cualquier caso, a quien ostentase la dirección de recursos humanos en dicha fecha a fin de que pueda deponer como testigo”.
El presidente de la Diputación, Vicente Mompó, insinuó en su declaración testifical del pasado 17 de julio que la decisión pudo provenir del departamento de Personal (en todo caso, no se le consultó, dijo). La decisión, dirigida a los trabajadores de una institución que provienen de toda la provincia de Valencia, chocaba de plano con la inactividad de la Generalitat, cuya sede de Presidencia está situada a pocos metros, en la misma plaza de Manises.
Sin embargo, la jueza Nuria Ruiz Tobarra también ha requerido información a otro cargo político vinculado a la Diputación de València. Se trata de la diputada provincial y alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. La primera edil, en una entrevista con la agencia EFE poco antes de cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, aseguró que a las 18.00 el barranco de Horteta, que conecta con el del Poyo, “llevaba olas” (media hora antes, apostilló, ya iba “desbocado”, a pesar de que no llovía en la localidad).
Además de incorporar a la causa la entrevista, la jueza ha requerido a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) “todas” las comunicaciones que consten en el Coordcom, la caja negra que registra las decisiones operativas, intercambiadas con el Ayuntamiento de Torrent, “bien por sus responsables políticos, policiales, funcionarios, protección civil o cualquier otro de sus servicios”.
Cierre de los centros escolares
Por otro lado, también solicita al consistorio la copia de las resoluciones o acuerdos que llevaron a la suspensión de la actividad escolar, una decisión compartida por Folgado con el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, también del PP.
La providencia requiere a la comisaría de la Policía Nacional de Torrent sobre la detección del primer fallecido en la localidad de la comarca de l'Horta Sud y cuando fue comunicada la información a la primera edil (Amparo Folgado dijo en la entrevista que fue informada cuando se refugió en la urbanización El Pantano tras el desbordamiento del barranco de Horteta).