Cuando el problema ya no es Bádenas

Juan Manuel Bádenas tiene una cita fijada con la Justicia, José Gosálbez parece empeñado en agendar una cita semanal con el esperpento y María José Catalá continúa administrando sus silencios como si gobernar consistiera en conseguir que la realidad desaparezca simplemente mirando hacia otro lado.

Hay momentos en política en los que la distancia entre la estrategia y la simple supervivencia se vuelve invisible. Y el Ayuntamiento de València parece haberse instalado en ese territorio de equilibrio imposible: una escenografía donde todos los actores saben que la tramoya se cae a pedazos, pero nadie se atreve a mover una sola pieza por pavor a que se desplome el escenario entero.

La última escena de este sainete la protagoniza Juan Manuel Bádenas. El exportavoz municipal de Vox tendrá que sentarse en el banquillo a declarar como investigado -junto a dos asesores tras la denuncia del Sindicat d'Estudiants por su irrupción en un local municipal. Sostiene Bádenas que solo ejercía sus competencias como concejal de Patrimonio. Será la Justicia, y no la retórica de pleno, la que determine si hubo exceso o delito. Conviene recordarlo en estos tiempos hiperventilados donde la sentencia se emite en las redes sociales bastante antes de que el juez abra la carpeta.

Pero una cosa es el Código Penal y otra, sustancialmente distinta, la responsabilidad política. Y es ahí donde la comedia se vuelve reveladora. Porque el problema del gobierno municipal ya no es Bádenas. O, para ser exactos, no es solo Bádenas.

Cuando en las filas de la extrema derecha saltaron las costuras internas, la receta pareció sencilla; descabezar al portavoz díscolo y colocar al frente a José Gosálbez. Cambiar al capitán para capear el temporal. La maniobra tenía lógica sobre el papel, pero el nuevo timonel ha demostrado una capacidad asombrosa para dirigir la embarcación directamente hacia cada escollo del mapa. Y cuando no hay tormenta en el horizonte, la fabrica.

Gosálbez desembarcó para representar la institucionalización de Vox: el perfil previsible encargado de maquillar el ruido y devolver una sensación de orden. La realidad, sin embargo, prefiere la ironía. Mientras Bádenas se consumía en las trifulcas orgánicas de su partido, Gosálbez comenzó a coleccionar su propia antología de controversias.

Ahí queda su contrato con el Colegio de Ingenieros, omitido en su declaración de actividades del Registro de Intereses Municipal hasta que el Síndic de Greuges tuvo que sacarle los colores. Y ahí queda también esa respuesta ya célebre del portavoz recordando que el Síndic “solo hace recomendaciones”. Una doctrina fascinante del Derecho Administrativo: las instituciones son pilares sagrados cuando aplauden nuestras decisiones, pero pasan a ser meros tertulianos de opinión cuando señalan nuestras irregularidades.

Pero la prueba de fuego llegó con el fuego real. Con el incendio de El Saler y las 37 hectáreas calcinadas en el corazón de la Devesa. En el momento en que la gestión pública exigía rigor, planes de prevención, explicaciones técnicas y contención institucional, el responsable municipal del área prefirió desenfundar el comodín del “rojerío español”. Porque siempre resulta reconfortante saber que, mientras arde un entorno natural protegido, sus gestores encuentran el tiempo y las ganas para seguir alimentando la trinchera ideológica. Interrogado por el cambio climático, despachó el asunto sentenciando que el clima cambia “desde que la Tierra es Tierra”. Un tratado de gestión de crisis que difícilmente se estudiará en las escuelas de administración pública.

Y aquí aflora la gran paradoja del mandato. Vox apartó a un problema para nombrar a un portavoz que fabrica sus propios incendios. Uno acumula citaciones en los juzgados; el otro, chascarrillos negacionistas y desplantes a las instituciones de control, todo ello ambientado en un tufo a incienso rancio de iglesia franquista.

Y en medio de este incendio por entregas emerge siempre la misma figura: María José Catalá.

La alcaldesa ha elevado a la categoría de arte una disciplina política que podríamos bautizar como inmovilismo pragmático. Una máxima muy simple: mientras la aritmética parlamentaria devuelva los números necesarios en el marcador del pleno, es mejor no preguntar demasiado quién aprieta el botón.

Cuando estalló el asunto Bádenas, el Consistorio prometió un informe jurídico para “llegar hasta el final”. Semanas después, la asesoría municipal concluyó que no procede pronunciarse al estar el tema judicializado. Y así, el conflicto queda amablemente archivado en ese cómodo limbo burocrático donde los problemas no se resuelven, sino que simplemente dejan de molestar en el orden del día.

No conviene incomodar a Bádenas. No conviene encender a Vox. No conviene convertir a Gosálbez en una amenaza para el presupuesto. No conviene, en definitiva, mover nada.

Gobernar apoyándose en cuatro concejales atrapados en sus propias cuerdas exige una habilidad que no enseñan en los manuales de Ciencia Política: la capacidad de mirar hacia otro lado tratando de convencer al público de que se está mirando al frente. Y Catalá maneja ese ilusionismo con soltura.

El inconveniente es que mirar hacia otro lado durante tanto tiempo deja de ser un recurso táctico para convertirse en una toma de posición. Porque Bádenas no es un peatón que pasaba por la plaza del Ayuntamiento; es el concejal de Patrimonio. Gosálbez tampoco es un opinador de medianoche; es el segundo teniente de alcalde y responsable de áreas estratégicas de la ciudad. Ambos son la viga maestra sobre la que descansa el sillón de la alcaldía.

La alcaldesa puede intentar quirúrgicamente disociar su gestión de las extravagancias de sus socios, vendiendo cada episodio como un asunto estrictamente individual, una rencilla de partido o un debate técnico. Pero llega un punto en que la ficción se desmorona: resulta inviable gobernar en coalición y pretender a la vez que las actuaciones de tus socios no te manchen la moqueta.

Catalá ha optado por el manual clásico de resistencia: aguantar el chaparrón, esperar a que amaine, convertir cada escándalo en una tormenta de 48 horas y tapar el ruido a base de notas de prensa, fotos de cortado de cinta y anuncios de gestión.

Sin embargo, hay un factor que la maquinaria de propaganda no puede controlar: las hemerotecas. Ese archivo implacable que guarda las palabras solemnes pronunciadas desde la oposición, recuerda las exigencias de regeneración que se le hacían a los anteriores gobernantes y permite medir la abismal distancia entre lo que se prometía antes de llegar al poder y lo que se tolera hoy para no perderlo.

Por eso, la incógnita de esta legislatura no es qué desenlace judicial le espera a Bádenas ni qué próxima salida de tono nos regalara Gosálbez. La pregunta decisiva es otra bastante más incómoda: ¿cuánto crédito institucional está dispuesta a quemar María José Catalá para mantener intacta su mayoría?

Llegará un momento en que el problema político de este Ayuntamiento deje de llevar el apellido de sus socios. Y cuando ese día llegue, el problema no se llamará Badenas ni se llamará Gosálbez. Se llamará, simple y llanamente, María José Catalá. No por las faltas que cometan sus concejales, sino porque decidir con quién se comparte el gobierno y qué conductas se perdonan a cambio de un sillón es una responsabilidad exclusiva de quien ostenta la vara de mando.

Y esa factura no la pasa ningún juez. La pasan los ciudadanos.