Patronales de promotores reconocen en las Corts haber participado “activamente” en la nueva Ley valenciana del Suelo

Dos importantes patronales de promotores valencianas han reconocido haber participado “activamente” en la elaboración del proyecto de la Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana que se tramita en las Corts Valencianes por vía de urgencia lo que limita de forma significativa la participación ciudadana.

Se trata de un marco legal que sustituirá íntegramente a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánico y que contó con 53 observaciones esenciales del Consell Jurídic Consultiu (CJC), esto es, disposiciones que directamente eran contrarias a derecho. Unos reparos ya solventados según se desprende de un informe posterior de la dirección general de Urbanismo.

En este contexto, expertos del ámbito urbanístico, legal o inmobiliario citados por los diferentes grupos parlamentarios han comparecido este viernes en la comisión de Territorio de Les Corts, dentro de la fase de participación antes de la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Ha sido en este ámbito en el que el representante de la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Alicante y de a Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Jesualdo Ros, ha afirmado que estuvieron “participando activamente en todo este proceso presentando alegaciones y transmitiendo nuestra experiencia”.

A preguntas del diputado de Compromís, Juan Bordera, sobre su participación en la normativa ha asegurado que ha comparecido “a petición propia” y ha añadido: “Siempre estamos colaborando con esto y en todas las intervenciones e incluso antes de que salga el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova) nosotros ya hemos dado nuestra posición e intervenimos activamente en esto y en todas las leyes. Presentamos 102 alegaciones y no son ni la mitad las que nos han coincidido”.

Por otra parte, ha destacado que la ley introduce “mejoras importantes” para “un urbanismo más sencillo, ejecutable y que permita construir más vivienda”.

Como posibles mejoras, ha abogado por reducir el plazo para resolver licencias de tres a dos meses y declaración responsable salvo en casos de obras de nueva planta o edificios catalogados.

Todo ello, ha subrayado, para agilizar las licencias de obra en la situación actual en la que “hay una necesidad imperiosa de vivienda”. Por último, ha instado a la Conselleria a publicar unos criterios generales y vinculantes sobre las “cuestiones conflictivas” para que tanto los ayuntamientos como los técnicos “sepan a qué atenerse”.

La UV alerta la “excesiva capacidad” de los promotores

José Vicente Sánchez, profesor de Urbanismo de la Universitat de València (UV), ha señalado que la ley supone “un paso contundente de flexibilización y de uso del suelo”, pero ha advertido que “puede generar distintas controversias” por incluir “menos participación y evaluación”. “Es un yo me lo guiso, yo me lo como”, ha ilustrado, y ha pedido tener “mucho cuidado” porque “se pueden agilizar los trámites, pero no a costa de perder garantías”. Y ha subrayado: “El suelo no urbanizable no es una hoja en blanco, hay condicionantes”.

En materia de vivienda, el profesor de la UV ha advertido que la norma “deja demasiado en manos de los promotores la capacidad de construir” y ha pedido medidas regulatorias para “frenar un problema que es mucho más complejo de lo que pretende resolver esta ley con un plan de acción territorial de carácter sectorial”.

“La vivienda se tiene que trabajar de forma integrada en todo el territorio, teniendo en cuenta cuestiones de riesgo, movilidad, accesibilidad, transporte y, por tanto, disponibilidad del planeamiento urbanístico (...) No podemos repetir errores en relación a las lecciones que nos dio la Dana”, ha expuesto.

Críticas del PSPV y Compromís

La diputada socialista en las Corts, María José Salvador, ha comentado que desde el Grupo Socialista enmiendan a la totalidad “este proyecto de Ley del Suelo, porque es una ley que fomenta la especulación, que vuelve al peor momento y al peor modelo de la peor etapa del Partido Popular en materia de urbanismo”.

Según Salvador, “hay menos evaluación ambiental, hay menos transparencia y menos participación; hay menos urbanismo y menos territorio, además de una puerta abierta de par en par a la gestión indirecta y a la iniciativa de los promotores, incluso al margen de los planes generales municipales”.

Por otra parte, en materia de vivienda protegida ha denunciado que “establecen unos estándares básicos de reserva de vivienda protegida que están por debajo de los que prevén en estos momentos la propia ley estatal de vivienda que es 40-20 [frente a 30/15 en el proyecto de ley] y ha añadido: ”Los estándares de esta ley están por debajo y luego además crean figuras como son los planes sectoriales de vivienda o los planes de acción territorial de vivienda que absolutamente están basados en la recalificación de suelo sin ningún tipo de informe sectorial lo cual va a poder poner en riesgo a la población donde se vayan a construir estas hipotéticas viviendas“.

Por su parte, la portavoz adjunta y el diputado de Compromís, Paula Espinosa y Juan Bordera, han puesto de relieve que “hoy hemos escuchado a promotores reconocer en sede parlamentaria que han influido en la elaboración de normas urbanísticas antes de su tramitación parlamentaria. Esto es muy grave. Queremos transparencia sobre esto, saber quién ha participado en la redacción de esta Ley del suelo y qué propuestas se han incorporado. El Consell lo tiene que explicar, hay cierta gente que puede salir muy beneficiada de una ley hecha a la carta”.

Ambos han denunciado que “es inadmisible que, mientras determinados sectores con muchos intereses al respecto han tenido acceso a las fases previas, el PP tramite una ley de esta trascendencia por urgencia, recortando los plazos para estudiarla, escuchar a las entidades y presentar enmiendas. No se puede dar todas las facilidades a los intereses privados y recortarlo en el debate democrático”.