Cuando ya estaba a punto de abrirse el juicio oral, el expresident de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido salvado de sentarse en el banquillo de los acusados en el caso de la Fórmula 1 por la jueza titular del juzgado de Instrucción número de València, que ha archivado provisionalmente la acusación.
Camps se enfrentaba a una investigación por el pufo que supuso la organización del Gran Premio de la Comunitat Valenciana y las consecuencias que tuvo para las arcas públicas como avalista de la empresa organizadora de la cita automovilística. Contra él se presentaron pruebas plasmadas en varios informes presentados por la UDEF, así como testigos clave que lo señalaban, principalmente sus colaboradores.
La negociadora de Camps por la Fórmula 1, Belén Reyero apuntó al expresidente como artífice del proyecto y de la inclusión de la empresa Valmor en las negociaciones. Además, había numerosos correos electrónicos en los que se podía certificar que las órdenes para beneficiar a la empresa privada Valmor en la organización del Gran Premio de Fórmula 1.
Para la jueza las pruebas aportadas por la policía y la Fiscalía Anticorrupción no han sido suficientemente consistentes. La magistrada entiende en su auto de archivo que cabía evitar el principio de la “pena de banquillo” que afecta al derecho de presunción de inocencia por llegar a juicio con “acusaciones no sostenibles”.
En su argumentación, la jueza niega la consistencia para imputar a Camps puesto que “la actividad instructora desarrollada no permite llegar a tal conclusión toda vez que los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión”.
La magistrada ha hecho referencia en su escrito a la abundancia de pruebas, pero ha criticado a la policía por la gestión que habría hecho: “Ha habido serios problemas para el acceso de las partes al contenido del elevado número de correos barajados por esa Unidad Policial (la UDEF) hasta que por escrito de la representación procesal del único investigado (Camps) [...] se pudo saber el contenido de algunos correos más que como prueba documental fueron aportados a ese escrito”. En concreto más de 100.000 correos electrónicos.
Estos documentos aportados por la defensa son los que más han pesado en la decisión de la jueza, correos en los que se apunta que Bancaja, “avalista inicial, no había firmado la novación contractual de 19 de julio de 2011”. Es decir, el citado contrato de 19-7-2011 para prorrogar la celebración de la prueba “no contenía relevación de garantía o avales de Bankia”.
De esta manera, la jueza da un duro varapalo a la Fiscalía Anticorrupción, que ha sostenidos durante la instrucción -cuatro años- que Camps habría cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Contra la decisión de la magistrada cabe un recurso de reforma o un recurso de apelación, aunque la Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto de archivo de la jueza, según han confirmado fuentes del Ministerio Público. Una decisión llamativa del Ministerio Público.