La medida del Consell del PP para vigilar la adjudicación de vivienda: un registro en manos de los promotores con publicidad

La Generalitat Valenciana pretende frenar las dudas sobre los procesos de adjudicación de viviendas de protección pública (VPP), surgidas al calor del escándalo del residencial Les Naus en Alicante, con un registro en manos de los promotores y una comisión que evalúe los criterios. El Gobierno de Juanfran Pérez Llorca pretende enmendar la norma de Carlos Mazón, que eliminó el registro público para las viviendas protegidas, con un sistema que esté controlado por las empresas que realizan las promociones subvencionadas con fondos públicos.

El anteproyecto de ley de medidas fiscales, también conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos, recoge una serie de modificaciones de los decretos que regulan las promociones de vivienda de protección pública, tanto las que impulsa directamente la administración como las privadas. Para las de promoción privada, las más opacas tras el decreto que Mazón aprobó en 2024, el departamento de Vivienda que dirige Susana Camarero introduce instrucciones claras para los promotores, a petición de la patronal del sector.

En el preámbulo de la ley, el Consell razona que el sistema “requiere de procedimientos administrativos claros y concisos que dispongan de todas las garantías legales y con respeto a los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia”. Además, reconoce, “se han detectado cuestiones que pueden mejorarse, de manera que se garantice el acceso a la vivienda a aquella población que tiene más dificultades de acceso a ella, así como modificaciones de redacción para una mejor comprensión del espíritu de la norma garantizando la seguridad jurídica”.

Con este argumento, la conselleria de Vivienda recoge unos requisitos mínimos de control y documentación para que la Administración verifique los procesos de adjudicación. Algo que ya se hacía hasta 2024, cuando los populares decidieron modificar el decreto de vivienda. La norma anterior, vigente desde 2021, establecía que “la inexactitud, falsedad u omisión de los datos de carácter esencial” en la declaración responsable obligatoria para inscribirse como demandante de vivienda protegida implicaba la expulsión del registro y la imposibilidad de ser adjudicatario. Ello hubiera evitado la escandalosa adjudicación de viviendas a personas cercanas al consistorio alicantino y al PP local.

Las modificaciones se introducen tras un encuentro de Camarero con la patronal autonómica de las promotoras, Feprova, que trasladó un plan de transparencia y ética. El resultado visible en la ley de acompañamiento, que aún debe pasar un proceso parlamentario, es que en cada promoción debe haber un registro de demandantes y un plazo de inscripción público “durante un periodo mínimo de 30 días” y que debe anunciarse tanto en la web de la promotora como “al menos, uno de los diarios de mayor difusión de la provincia donde se encuentre ubicada la promoción”. Los promotores también deberán hacer públicos los requisitos de acceso a las viviendas, así como los relativos a la inscripción de solicitudes, criterios de baremación aplicables en su caso, plazos y procedimiento de selección y adjudicación previsto.

Asimismo, establece que “las personas promotoras llevarán un libro registro en formato electrónico por promoción, con el objeto de inscribir las solicitudes que se presenten. El sistema deberá poder certificar al menos los datos identificativos de la persona interesada, fecha de inscripción y número de registro inalterable. Las personas solicitantes podrán obtener, en cualquier momento, un justificante de la inscripción de su solicitud en este libro registro y el procedimiento de selección y baremación de solicitudes deberá estar a disposición de todas las personas solicitantes”. La resolución de calificación incluirá un apartado en el que se informe sobre la adecuación de la propuesta al decreto.

Una comisión de valoración

La nueva norma crea una comisión de valoración, dependiente de la Conselleria de Vivienda, que “será el órgano colegiado al que corresponderá supervisar el expediente de solicitud de visado”. Estará integrada por un presidente, secretario y vocal designados por la Dirección General con competencias en materia de vivienda de entre el personal del servicio territorial que corresponda en cada provincia. Una forma de evitar que los procedimientos ya no dependan de un solo funcionario.

La comisión se debe reunir al menos una vez al mes y verificará que los visados tramitados por la persona instructora del expediente cumplen con los criterios establecidos en el presente decreto. Tendrá capacidad de obrar de oficio para realizar comprobaciones sobre los expedientes.

Criterios de “vinculación territorial continuada”

Vivienda introduce en la norma la posibilidad de establecer criterios de “vinculación territorial continuada” al municipio en el que se ubiquen las promociones para las adjudicaciones de vivienda en la baremación. Pérez Llorca ya avanzó que incorporaría requisitos de “arraigo” para la adjudicación de vivienda, en plena ofensiva de Vox con la “prioridad nacional”.

Sin embargo, este baremo solo operará en las promociones público privadas sobre suelo público de titularidad municipal, que son escasas, salvo en ciudades como València donde se opera a través de permutas. El decreto no desarrolla estos criterios de baremación, que han de realizar los ayuntamientos que lo consideren oportuno.