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José Marcos Pons es el concejal de Vox en la localidad de Xàbia, el único edil del partido de Santiago Abascal en toda la comarca de la Marina Alta. Formaba parte del equipo de gobierno de la localidad alicantina junto al PP y Ciudadanos por Jávea (CpJ) hasta hace poco más de dos semanas (el 12 de diciembre), cuando fue apartado del equipo de gobierno municipal -y le fue retirado el sueldo, cerca de 35.000 euros anuales- por la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, por una cuestión de “ejemplaridad institucional” después de un presunto caso de acoso sexual a una empleada municipal que ocupaba un cargo de confianza para el propio regidor ultra.
La marcha del representante de Vox deja al ejecutivo local de Cardona sin la mayoría absoluta de la que disfrutaba hasta hace apenas unas semanas: PP y CpJ, que asume las delegaciones que llevaba Pons (Aguas y Turismo), suman diez concejales, el mismo número de ediles de PSPV y Compromís, de modo que el voto de Pons sigue siendo decisivo, aunque ya no tenga atribuciones de gobierno.
Este cese de sus funciones no le sentó muy bien a Pons, quien defiende su inocencia: “Yo no hice nada inapropiado”, y se refirió a la alcaldesa como “deslegitimada” en minoría y “títere de la izquierda”, al tiempo que insistía en que no tiene ninguna intención de renunciar a su acta de concejal.
“Ya podéis hacer cola para pedir mi dimisión”, sentenciaba en el pleno municipal, al tiempo que insistía en que la única persona que puede pedir su dimisión es el presidente de Vox, Santiago Abascal -su partido mantiene abierta una investigación sobre esta denuncia-. Insiste en que renunciar sería admitir su culpabilidad, “y a día de hoy no estoy imputado ni denunciado”.
La alcaldesa firmó el cese de la asesora en julio
Cardona firmó el pasado 24 de julio, hace cinco meses, el decreto de cese del cargo de confianza del concejal de Vox. Según publicaba La Marina Plaza, la asesora le contó a la alcaldesa lo que estaba sucediendo. Sin embargo, aseguró que la víctima le pidió que no lo hiciera público. No obstante, la edil socialista Isabel Moreno cuestionó a la munícipe en el pleno la razón por la que no actuó ni aplicó el protocolo municipal existente frente a casos de acoso desde 2012.
La primera edil, que acusó a la oposición de realizar una “utilización política” y un “juicio paralelo”, se escudó en el “respeto” y la “confidencialidad” hacia la víctima para no responder a estas alusiones, y se justificó asegurando que Pons “ya no disfruta de ninguna ventaja”, ni delegaciones ni sueldo, y recordando que la secretaría, los técnicos y los servicios sociales conocen el caso y que ella misma está en contacto con la víctima: “Todo está documentado y es demostrable”, aunque se negó a hacerlo público.