El PP y Vox tumban en las Corts Valencianes que las VPO se adjudiquen por sorteo pese al escándalo de Alicante
El PP y Vox no creen conveniente mejorar las medidas de control y las garantías en las adjudicaciones de viviendas protegidas tras el escándalo de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas de las VPO de Les Naus, en Alicante, a cargos y personas relacionadas con los populares. Un caso por el que ya hay 15 personas investigadas, entre ellas, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, la actual jefa de contratación, María Pérez-Hickman.
Ambos partidos han tumbado la propuesta de Compromís, apoyada por el PSPV, para que las viviendas protegidas lo sean de forma indefinida y para que se adjudiquen por sorteo. Tras el cambio normativo aprobado por el PP en 2024, las viviendas protegidas de promoción privada pasan a ser de renta libre en un plazo de entre 15 y 30 años.
Al respecto, la oposición ha defendido la necesidad de este cambio ante el “escándalo” de Les Naus de Alicante y para evitar que haya “barra libre” en la adjudicación de las viviendas protegidas, mientras que el PP y Vox han acusado al Botànic de haber hecho “cero” viviendas públicas en sus ocho años de gobierno y ahora quieren “blindar la nada”.
Al terminar las votaciones, Compromís ha desplegado una pancarta en el jardín de Les Corts, en la que se leía 'Lladres, torneu el pisos' (ladrones, devolved los pisos), y su síndic, Joan Baldoví, ha lamentado que el PP y Vox hayan votado en contra de que “haya vivienda pública y que se adjudique de forma transparente”.
Como informó elDiario.es, la normativa del año 2024 aprobada por los populares, entonces presidido por Carlos Mazón, eliminó la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida en las promociones de gestión privada, como es el caso de las de Alicante. Una inscripción que debía ir acompañada de una declaración responsable que, en caso de incumplirse, implicaba la expulsión del registro, lo que impedía optar a este tipo de inmuebles.
En cuanto al apartado judicial, de las 15 personas citadas a declarar en calidad de investigadas, cinco permanecen en activo en las administraciones en diferentes cargos, sin contar a la exconcejala Rocío Gómez, quien presentó su dimisión. Así pues, Francisco Nieto mantiene su puesto como arquitecto municipal al ser funcionario y María Pérez-Hickman (también funcionaria), pese a que renunció como jefa del servicio de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Gobierno municipal de Barcala, se mantiene como jefa de Contratación.
Otros dos cargos públicos son pareja: se trata de Elsa Lloret, también arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, y Roberto Palencia, exjefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, encargado de comprobar que los adjudicatarios cumplían los requisitos. Fue inicialmente expedientado y suspendido de su cargo y recientemente se ha reincorporado y ha sido reasignado a otras funciones dentro de la administración.
El último cargo público investigado es la mencionada Sira Pérez. Al respecto, el alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha descartado tomar medidas con la tesorera por el momento. El informe de la conselleria no logró acreditar si cumplía los requisitos al no disponer de la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge.
Del resto de los investigados destacan el suegro de la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como el administrador único de la mercantil Fraorgi SL, gestora de la Cooperativa 'Residencial Les Naus'.