Vox permitirá que una de sus asesoras parlamentarias, investigada por un fraude en unas oposiciones, permanezca en su puesto de trabajo. María Gonzálbez se presentó a una oposición que permanece bajo sospecha y en las que el juzgado investiga si la jefa de los funcionarios públicos con el PP de Alberto Fabra le pasó las respuestas del examen que vigilaba.
La asesora parlamentaria estaba llamada a testificar el pasado 12 de septiembre con otros dos testigos, pero se suspendió la vista al no haber llegado correctamente las notificaciones. La denuncia inicial parte del sindicato CGT y fue asumida por la fiscalía provincial, que acudió al juzgado y pidió que se abrieran diligencias.
Dos vigilantes del examen fueron las que denunciaron la conducta irregular de su compañera, que debía haber colaborado en la supervisión de la prueba y que, según afirman, se dedicó a escribir varios folios mientras miraba el teléfono móvil. Hojas que después entregó, presuntamente. La funcionaria investigada es Ana Brugger, que ocupó el cargo de directora general de Función Pública del Gobierno valenciano del PP entre los años 2012 y 2015.
Vox no ha querido hacer declaraciones respecto a la noticia publicada por eldiario.es. Los estatutos de la formación de ultraderecha no establecen la expulsión por imputación de delito ni tienen referencia a casos de este tipo. Sí establecen que será motivo de expulsión (falta grave) la “condena por sentencia penal firme por delito relacionado con la corrupción” o “todas aquellas conductas que impliquen extremada gravedad de acuerdo con la ética, la costumbre y los principios generales del derecho”.