Carlos Bardem, Clara Lago y Jorge Javier Vázquez, entre las más de 25 firmas de una carta que pide a Sánchez “una votación sobre la tauromaquia”
Los animalistas y antitaurinos vieron el 7 de octubre de 2025 cómo una votación que podía ser histórica se convertía en un callejón sin salida. El Congreso de los Diputados votaba la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla Patrimonio Cultural. El texto fue promovido por 'No es mi cultura', que representa a unas 200 asociaciones animalistas, y logró más de 600.000 firmas. Muchos pensaban que saldría adelante, pero en el último momento, el PSOE se abstuvo, impidiendo que la tauromaquia dejara de ser patrimonio cultural.
Un año después, la protección a la tauromaquia regresa al foco con una nueva oportunidad para acabar con el blindaje jurídico gracias al diputado de Sumar Nahuel González López, que ha logrado la firma de otros 45 parlamentarios para que la Mesa del Congreso de los Diputados apruebe la tramitación de una proposición de ley orientada a derogar la norma que declaró el toreo como patrimonio cultural inmaterial, así como la obligación de conservarlo y fomentarlo.
Esta nueva iniciativa parlamentaria llega apoyada por una carta firmada por más de 25 representantes de la cultura, entre los que se encuentran nombres como Clara Lago, Carlos Bardem, Jorge Javier Vázquez o María Valverde, que piden directamente a Pedro Sánchez que la gente pueda votar sobre “el futuro de la tauromaquia”.
En el texto, los firmantes expresan su “profunda preocupación por el sufrimiento que decenas de miles de toros padecen cada año en festejos taurinos en toda España” y recuerdan que la votación para poner fin a la protección jurídica especial de la tauromaquia que llegó al Congreso el año pasado, respaldada por 664.000 ciudadanos — lo que la convirtió en la ILP con más firmas de la última década—, no pudo votarse, precisamente, por la citada abstención del PSOE.
Por ello ponen el foco en la nueva iniciativa parlamentaria que “ofrece otra oportunidad para corregir una anomalía legislativa que nunca debería haber existido retirando la protección cultural de la tauromaquia y permitiendo que la ciudadanía española decida si quiere mantener esta industria”. “La mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura o identidad. Tampoco cree que ninguna actividad deba quedar protegida frente al escrutinio democrático, impidiendo que las administraciones elegidas puedan restringirla o ponerle fin si esa es la voluntad de las personas a las que representan. No existe justificación alguna para que el maltrato animal reciba protección legal”, continúa la carta.
A Pedro Sánchez le dicen que “tiene la oportunidad de contribuir a que la legislación española se ajuste a los valores de la España moderna” y le piden, en la última línea, “que permita una votación libre sobre esta cuestión y dé a los representantes electos la oportunidad de votar según su conciencia”.
Idas y venidas con la tauromaquia
Esta nueva Proposición de Ley es un nuevo punto en la eterna relación del Estado y las comunidades autónomas con la tauromaquia. En 2024, el Ministerio de Cultura, con Ernest Urtasun al frente, eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 30.000 euros y que fue creado en 2011. Una decisión que defendieron ya que representaba el “fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad”, cuya preocupación por el bienestar animal “ha ido aumentando” mientras que “la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población”. El mismo Ministerio tampoco ha entregado, desde 2023, ninguna medalla de Bellas Artes a gente relacionada con el sector de la tauromaquia.
La mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura o identidad. Tampoco cree que ninguna actividad deba quedar protegida frente al escrutinio democrático
También algunas comunidades autónomas han intentado legislar para prohibir la tauromaquia. Canarias fue la pionera, y desde 1991 quedaron excluidas de la práctica efectiva mediante la Ley de Protección de los Animales de la región, que si bien no prohibía de forma explícita los toros, sí hacía referencia a la prohibición de “la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad y sufrimiento”. Se producía, también, por el escaso arraigo de la tradición taurina en las islas. De hecho, la última corrida que tuvo lugar fue incluso siete años antes de dicha ley: el 7 de enero de 1984.
Catalunya aprobó también la prohibición de los toros en 2010 y comenzó a aplicarla en 2012. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la prohibición cuatro años después al considerar que la comunidad no tenía competencias para prohibir un espectáculo protegido como cultura nacional. Es, precisamente, esa protección la que se busca eliminar para abrir la puerta a su prohibición explícita e impedir que pasen casos como el de Catalunya.