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Catalá reitera que el Gobierno no estudia multar a los medios de comunicación

EFE

Madrid —

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reiterado hoy en el pleno del Senado que el Gobierno no se plantea imponer sanciones a los medios de comunicación por publicar filtraciones de casos judiciales, un asunto que no es ni un “globo sonda” ni figura en ninguna “agenda oculta” del Ejecutivo.

Catalá ha respondido de esta forma al senador del PSOE Óscar López en la sesión de control de la Cámara Alta donde ha vuelto a subrayar que “ninguna medida del Gobierno esté orientada a la limitación del derecho a la información o a la imposición de sanciones a los medios”.

“Todo lo contrario”, ha añadido el ministro, que ha sostenido que sus palabras sobre la posibilidad de multar a aquellos medios que publicaran filtraciones judiciales eran tan solo una reflexión sobre el debate que hay en la Unión Europea porque se está preparando la directiva sobre presunción de inocencia.

Una directiva que España tendrá que transponer al ordenamiento jurídico español a fin de defender “tanto la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo como el derecho de la información”, ha añadido Catalá.

“El camino no es matar al mensajero”, ha reprochado el senador socialista antes de preguntar al ministro si esta idea era un “globo sonda” o una “amenaza” ante informaciones que no le gustan al Ejecutivo como las referidas al caso Bárcenas, Rato, la financiación irregular del PP y la Gürtel.

Para López el problema del Ejecutivo con los medios de comunicación se demuestra en que han devuelto a la televisión pública a la “manipulación”, han “manoseado” el ente valenciano o han conseguido que “nadie vea Telemadrid”.

“Ustedes son los mismos que comparecen sin admitir preguntas o que cortan a los periodistas en las ruedas de prensa”, ha continuado el senador socialista, para quien esta legislatura comenzó con el Gobierno recortando derechos y acaba recortando libertades.

Lejos de este diagnóstico, Catalá ha defendido que son ellos los que han aprobado una ley de transparencia, han tipificado por ley la financiación ilegal de los partidos y han “implantado una cultura del control de gasto”.