La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado “tajantemente” la agresión sufrida por una periodista de Telecinco durante la cobertura informativa de la manifestación del segundo aniversario del 1-O en Barcelona, lo que, a su juicio, hace un “flaco favor” al independentismo catalán.
La FAPE ha expresado su solidaridad con Laila Jiménez y con todos los periodistas que han sido agredidos en las últimas semanas por ejercer su trabajo mientras informan de la actualidad catalana, y ha instado al Govern a que condene estas agresiones, tome medidas para que no se repitan y garantice el libre ejercicio del periodismo.
“Flaco favor hace a Cataluña y al propio independentismo la estrategia de agresiones a los periodistas. Y flaco favor le hace a la imagen de una Cataluña pacífica, moderada, moderna y avanzada”, sostiene la organización de periodistas en un comunicado difundido este miércoles.
Para la federación, la reiteración de estos ataques confirma que determinados sectores del independentismo “han emprendido una clara e intolerable estrategia de ataque” a los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información.
“Su objetivo es minar estos derechos y de paso debilitar a la propia democracia. Nada democrático se construye sin respetar tales derechos”, subraya.
Asimismo, la organización de periodistas considera que estas nuevas agresiones no sólo deben preocupar a las organizaciones profesionales del sector, sino también a los responsables públicos y a los ciudadanos.
“Los que protagonizan o promueven las agresiones a periodistas buscan imponer un velo de silencio sobre la información, objetivo que es inaceptable en un sistema democrático como el nuestro”, concluye.
También ha condenado estas agresiones el sindicato CSIF, que ha exigido tanto a la Delegación del Gobierno en Cataluña como a la Generalitat que adopten las “medidas oportunas” para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que garanticen la seguridad de los periodistas y de los técnicos audiovisuales.
“Desgraciadamente, y con demasiada frecuencia, estamos constatando las dificultades que sufren en su día a día estos compañeros y compañeras, un asunto que los responsables públicos deben tomarse en serio porque afecta a uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho: la libertad de información y el derecho ciudadano a recibir una información veraz”, destaca en un comunicado.