Sanear una cúpula policial acusada de estar politizada y mejorar la coordinación entre Policía y Guardia Civil, son los dos grandes desafíos del nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que asume la cartera con un país en nivel 4 de alerta antiterrorista y con un déficit de efectivos que supera los 15.000.
Con medios “obsoletos”, en opinión de sindicatos policiales y asociaciones de guardias, otro de los retos de Zoido será mantener al menos los actuales índices de criminalidad -España es el tercer país europeo más seguro-, “rascar” partidas de los presupuestos para incrementar los recursos y hacer una reflexión sobre el modelo actual de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Pero las fuentes consultadas por Efe entre las fuerzas de seguridad colocan como primer deber pendiente sobre la mesa de Zoido “poner orden” en la Policía después de las acusaciones de supuesto uso partidista para actuar teledirigida contra formaciones independentistas y Podemos.
Y de que algunos altos mandos (bien es cierto que la mayor parte de ellos jubilados en los últimos meses) estén inmersos de lleno en una pugna interna que les ha llevado hasta los tribunales.
Una “limpieza” que pasa, en opinión de los consultados, por la elección de un nuevo número dos del cuerpo, una plaza cubierta provisionalmente por el comisario principal Antonio Rodríguez tras la jubilación del anterior director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino.
Antes de este nombramiento y de los cambios en la Policía, Zoido decidirá si mantiene a su director general, Ignacio Cosidó, y al de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, si los releva o si opta por un mando único para las dos instituciones más valoradas por los ciudadanos.
Como jefe de ellas, Zoido deberá mantener esa reputación, si bien deberá resolver la siempre “en entredicho” coordinación de las fuerzas de seguridad, con importantes y públicos desencuentros.
No los ha solucionado el “niño mimado” de Interior: el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, no ha sido más que un “elemento cosmético”, en opinión de responsables de la lucha antiterrorista, que denuncian su “inacción”.
Y, por ello, más allá del incremento de los recursos, estas fuentes consideran que “el verdadero reto” de Zoido es darle la vuelta a la “dejadez absoluta” que ha imperado hasta ahora para solucionar esa descoordinación.
Después de 30 años de vigencia de la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, casi todos apuestan por una nueva normativa que, con toda probabilidad, podría resolver una de las fricciones más destacadas: la invasión competencial que unos y otros denuncian.
Mientras altos mandos de la Guardia Civil expresan a Efe la necesidad de que se respete al cuerpo y se le trate en igualdad de condiciones que a la Policía Nacional para hacer frente a las actuales amenazas, desde esta institución critican al instituto armado por entrometerse en materias como extranjería o cooperación internacional.
Así las cosas, sí hay coincidencia total en la necesidad de que el Ministerio vuelva a lo que siempre fue: un departamento dedicado a luchar contra la criminalidad. Porque, según resaltan, en los últimos años, ha degenerado, ha sido caótico y ha desestabilizado su verdadera labor.
Descabezada ETA, al nuevo ministro le queda la detención de apenas una decena de liberados, esperar el desarme de la banda y mantener o no la política penitenciaria que el Gobierno de Mariano Rajoy ha defendido hasta ahora. Todo parece indicar que lo hará, mientras que uno de sus empeños será el de que se imponga un relato de vencedores y vencidos.
Con 157 presuntos yihadistas detenidos desde que en junio de 2015 se activara el nivel 4 de alerta antiterrorista -la escala es de cinco niveles-, Zoido deberá capitanear la “tensión” sobre esta lucha y los buenos resultados de los servicios de Información.
Una amenaza que copará las reuniones con sus homólogos europeos, con quienes compartirá el desafío de implantar el denominado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) como herramienta indispensable para luchar contra el yihadismo.
Defenderá en la UE la posición española en la crisis de los refugiados, con el compromiso de acoger a 17.337 personas antes de septiembre de 2017.
En lo doméstico, Zoido llega justo en un momento de revueltas en los CIE, que han reabierto el debate sobre un modelo que muchos reclaman revisar, independientemente del papel impuesto a la Policía como guardián de las instalaciones y de sus internos.