Ocurrió el viernes 24 junio y las imágenes dieron la vuelta al mundo. Un salto a la valla de Melilla protagonizado por 2.000 migrantes subsaharianos terminó en avalancha y en la muerte, por motivos que aún se investigan, de al menos 24 personas, aunque la ONG Caminando Fronteras eleva la cifra a 37. El programa Africa Eye de BBC publica hoy un documental y un hilo en la red social Twitter informaciones que documentan devoluciones en caliente por parte de la Guardia Civil y la violencia extrema de los agentes marroquíes. Según la cadena británica, había cuerpos sin vida a ambos lados de la valla, también en España, algo negado por el Ministerio del Interior. Unidas Podemos, tras conocer los detalles que desvela el documental, ha exigido una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El análisis de las grabaciones de periodistas y cámaras de vigilancia realizado por la BBC, así como el cotejo de esas imágenes con planos del catastro y del Instituto Geográfico Nacional, muestran que muchos de los sucesos que las autoridades españolas sitúan en la llamada tierra de nadie ocurrieron en realidad en territorio español. El documental apunta a la responsabilidad de España en la tragedia de Melilla y cita “algunos vídeos”, no publicados por la crudeza de sus imágenes, que muestran cuerpos sin vida son arrojados de un lado a otro [de la alambrada], personas que sangran y agonizan, a las que aparentemente no se les ofrece ninguna asistencia“.
“Africa Eye verificó docenas de vídeos, recogió testimonios de los supervivientes y obtuvo acceso exclusivo a la infraestructura fronteriza para reconstruir la investigación más exhaustiva sobre la tragedia y preguntarse si era evitable”, señala la BBC, y añade que sus conclusiones “contradicen la versión oficial de los hechos”.
“Al parecer, las autoridades [marroquíes] no intentaron impedir que el grupo llegara al puesto fronterizo del Barrio Chino, que se encuentra a unos pocos cientos de metros”, señala la BBC, mostrando de nuevo la pasividad de la en ocasiones se ha acusado a Marruecos como herramienta de presión sobre el Gobierno español.
El relato construido enlazando imágenes e infografías ofrece una cronología exhaustiva de los hechos: “Un vídeo muestra cómo la valla fronteriza se derrumba bajo el peso de la gente que sube. Muchos consiguen cruzar las primeras vallas, pero luego se quedan atascados en zonas cerradas de la infraestructura fronteriza, principalmente el patio que vimos antes. Un gran número de fuerzas de seguridad marroquíes se reunieron fuera del patio frente a la valla azul, impidiendo que nadie se retirara. Se les puede ver lanzando gases lacrimógenos y bombas de humo en los espacios cerrados. Algunos de los migrantes nos contaron que la gente se asfixió en una nube de gas lacrimógeno mientras estaba atrapada en el espacio cerrado. En algún momento, el patio se llenó tanto de gente que ésta entró en pánico y se produjo una estampida. Los vídeos muestran a los migrantes aplastados al ser empujados contra las puertas. Mientras la mayoría quedaba atrapada en el patio, otros consiguieron cruzar la frontera y entrar en España”.
La cadena británica recupera las imágenes del periodista español Javier Bernardo que muestra a las fuerzas marroquíes entrando en España –y en la Unión Europea– para llevarse a los inmigrantes de vuelta a Marruecos, sin darles la oportunidad de solicitar asilo. Son las llamadas devoluciones en caliente, cuya legalidad es dudosa.
Interior y el Defensor del Pueblo se contradicen
En declaraciones del Ministerio español del Interior a la BBC, se dice que todas las actuaciones se hicieron conforme a la legalidad y que es “absolutamente falso” que se devolviera en caliente a 300 personas. También afirma Interior que no se movió ningún cadáver desde España hacia Marruecos y que todas las grabaciones de seguridad han sido enviadas al Defensor del Pueblo y a los jueces.
Sin embargo, recuerda la cadena británica, en octubre, el Defensor del Pueblo hizo públicas sus conclusiones, afirmando que 470 migrantes fueron devueltos a través de la frontera sin tener en cuenta las disposiciones legales, y que el Ministerio del Interior no había compartido todas las cámaras de seguridad disponibles con los investigadores.