Los saharauis exiliados en el desierto que conseguirán la nacionalidad española si sale la ley que estudia el Congreso: “Es un derecho que nos pertenece”
Revuelve en una caja para encontrar los recuerdos de sus días en el Sáhara español. Del cofre metalizado salen algunos papeles escritos en español, una hoja de un cuaderno Rubio de la escuela donde llevaba entonces a su hijo. El maletín naranja acumula lo poco material que conserva de los años en que su vida no se limitaba a esperar para regresar, pero Um El Fadli no encuentra su tarjeta de identidad española, la que le acreditaba como ciudadana de la que fuera la provincia número XX. No pensó que, tras décadas del abandono de España, le llegaría servir para solicitar la nacionalidad española, un derecho que sí se ha facilitado a los habitantes de otras excolonias españolas.
Ahora, una proposición de ley impulsada por Sumar en el Congreso Español, ha avivado sus esperanzas. La mujer septuagenaria no había oído nada del proyecto legislativo que plantea el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos saharauis nacidos en el Sáhara Occidental durante la época colonial, cuando el territorio era considerado la provincia española número X, pero su nieto asiente con entusiasmo al oír hablar de la iniciativa.
La abuela, al conocer los detalles, asiente para confirmar que, en caso de salir adelante, pediría la nacionalidad española; pero estira su dedo índice, lo coloca delante de su rostro y lo mueve de un lado a otro para enfatizar su respuesta negativa a la pregunta que acaba de escuchar.
– Si obtuviera la nacionalidad, ¿querría vivir en España?
– No. No me iría. Me quedaría aquí. Quiero regresar a mi tierra, no quiero ir a ninguna otra parte. Y si no llega la independencia a tiempo, me quedaré aquí.
Ese “aquí” es el campamento de refugiados saharauis de Auserd, uno de los cinco asentamientos levantados por los propios saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia), tras su huida de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono español. Es la tierra árida, cedida por Argelia al Frente Polisario, donde sobreviven en condiciones climáticas extremas, bajo la dependencia total de la ayuda humanitaria. Es aquel lugar nacido para desaparecer, cuyas jaimas y casas de adobe fueron construidas bajo la promesa de provisionalidad, pero permanecen, 50 años después, como continúa la vida convertida en causa de Um El Fadli. Es aquí donde decide quedarse si pudiese marcharse, pero mira a su nieto y entiende que en su caso puede ser diferente.
Si Um El Fadli y otras personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1975 querrían acogerse a su derecho de obtener la nacionalidad española, no es con el objetivo de dejar el campamento de refugiados donde viven y trasladarse a España, pese a sus complicadas condiciones de vida. Una decena de saharauis mayores responden negativamente cuando elDiario.es les pregunta por la posibilidad de migrar, pero todos ellos confirman su deseo de pedir la nacionalidad en caso de salir adelante la normativa que estudia el Congreso.
Más allá de los beneficios intrínsecos ligados a contar con un pasaporte europeo, los saharauis expulsados de la antigua colonia española hablan del reconocimiento de un derecho que consideran suyo, pero les fue arrebatado. “Es nuestro derecho. Yo tenía DNI español, convivía con los españoles, mi marido trabajaba para una empresa española y, de la noche a la mañana, desaparecieron, tuvimos que escapar y aquí estamos”, dice la señora de 70 años, sentada en una colorida jaima junto a su nieto, que tiene la edad que ella tenía cuando Marruecos inició la llamada “Marcha Verde”, que ellos bautizaron como “Marcha Negra”, y otras mujeres a su alrededor. Ya que España abandonó la antigua colonia al inicio de la ocupación marroquí, dice, ese pasaporte puede darles un respiro ante algunas de las necesidades que enfrentan en los campamentos. Con unos servicios sanitarios sin apenas recursos y una ayuda humanitaria recortada, las razones médicas son las más mencionadas entre quienes pedirían la nacionalidad española si saliese adelante la normativa planteada.
Algunas también mencionan como una vía para que sus hijos o nietos, cuando llegase el momento, pudiesen conseguirla de una manera más sencilla y poder formarse y trabajar en España y así ayudar a la economía familiar. O, simplemente, contar con la mera posibilidad de viajar para visitar a seres queridos o alejarse por temporadas de la vida en el desierto. “Me gustaría tener la nacionalidad por si necesitase ir al hospital si enfermo, o para hacer más fácil que mi nieto pueda ir, porque allí es más fácil estudiar y encontrar un trabajo”, dice la señora, mientras el joven la mira y asiente.
Algunos de sus amigos, cansados de esperar para hacerlo por la vía legal, se subieron a bordo de una patera desde Argelia. “Yo quiero irme para ayudar a mi abuela y a mi familia, pero le he prometido que solo iría si consigo un visado”, dice el joven poco después, ya sin Um cerca.
Después de más de un año con el texto en un cajón, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes –cumpliendo una serie de requisitos– puedan tener la nacionalidad española ha dado esta semana un paso más en el Congreso con la constitución de la ponencia de la iniciativa. También la posibilidad de que los hijos de quienes nacieron en el Sáhara español tengan más facilidades para obtener la nacionalidad: en un plazo de 5 años desde la inscripción en el Registro Civil de sus progenitores, ellos también podrían solicitar la ciudadanía. En caso de vivir en España, solo se les exigiría haber residido dos años en el país, el mismo plazo reducido que se les pide a los nacionales de otras excolonias españolas o países con fuertes lazos culturales.
En febrero de 2025, el Parlamento aprobó la toma en consideración de la medida con el respaldo de todas las fuerzas políticas excepto del PSOE. La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, celebró el desbloqueo de la medida y aseguró que su partido tratará de acercarse al resto de formaciones con el objetivo de presionar al PSOE. “Con el Partido Socialista, en materia del Sáhara, hay que seguir presionándoles porque sabemos que no les es cómodo aprobar esta norma, por lo que sea, pero vamos a seguir ahí”, dijo la parlamentaria.
En el mismo campamento de refugiados donde nació y pasó sus primeros años Tesh Sidi, la wilaya de Auserd, algunos jóvenes saharauis o adultos de mediana edad asienten con cierta ilusión cuando se les pregunta por la iniciativa parlamentaria. “Ojalá salga adelante. Tengo todas mis esperanzas en esa ley y lo estoy siguiendo desde que salió”, dice una mujer, que prefiere no dar su nombre. Es madre de dos hijos que viven actualmente en España en un limbo legal a la espera de su petición de apatridia. “Mis hijos ahora no pueden trabajar. Si saliese eso, les ayudaría mucho”, dice la mujer, mientras el fuerte viento de un conato de siroco golpea la jaima donde se refugia.
También desde el desierto, a través de su móvil, conoció los cambios de la ley de regularización extraordinaria española, que, en la práctica, supuso otro golpe para los saharauis. “Me pareció muy injusto. Ellos pensaban que iban a conseguir los papeles. Llevan mucho tiempo esperando la respuesta [de la petición de apatridia] y ahora no pueden hacer nada”, explica la mujer.
La estabilidad de los saharauis que viven en el exterior impacta directamente en las condiciones de vida de sus familias en los campamentos y en muchos proyectos desarrollados por quienes pasan unas temporadas en España y otras en Tindouf. Pese a que todas las casas de adobe parecen similares unas de otra, su interior da pistas de quienes cuentan con seres queridos en otros países, la mayoría en España, y quienes no. Los baños, las telas que cubren las paredes de cada espacio, las cortinas, hablan de quienes tienen algún miembro de su familia en el exterior.
El nuevo paso de la iniciativa parlamentaria llega después de que el Gobierno decidiese en el último momento la exclusión de los solicitantes de apatridia –saharauis en su mayoría en España– de la regularización extraordinaria, por lo que la aprobación de esta ley podría suponer un contrapeso al que ha sido considerado como el último varapalo del Gobierno de Pedro Sánchez a la población procedente de la excolonia española.