El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa de las tarjetas opacas contra siete exdirectivos de Caja Madrid porque ha prescrito el delito de apropiación indebida al pasar más de cinco años “desde el día en que se habría cometido la última infracción”.
En los autos, a los que ha tenido acceso EFE, se detallan los gastos de los siete hasta ahora imputados y la fecha del último movimiento, que se sitúan entre 2003 y 2006.
Se trata de José Carlos Contreras, que cargó a su visa “black” 23.827 euros; Joaquín García Ponte (21.135), María Elena Gil (72.479), José Luis Acero (10.163), Rafael Pradillo (28.682), Ángel Rizaldos (20.176) e Ignacio Varela (35.722).
El juez Andreu declara “extinguida” para estos siete exdirectivos “la responsabilidad penal” porque la última vez que utilizaron la tarjeta fue hace más de 9 años, superando los cinco que recoge el artículo 131 del Código Penal para la imputación del delito de apropiación indebida.
Inicialmente, Andreu les imputó el pasado enero como al resto de los 81 exdirectivos y exconsejeros usuarios de las tarjetas B, pero después citó a declarar a 67 personas, ya que para el resto los hechos habrían prescrito.
El magistrado tiene aún pendiente pronunciarse sobre el archivo provisional de la causa de cuatro exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó el sobreseimiento provisional al considerar que ni Spottorno, ni Carlos Vela, ni Ricardo Morado ni Juan Astorqui eran administradores de la entidad y, por tanto, no tuvieron capacidad de decisión sobre la misma.