La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) y Facua-Consumidores en Acción han acusado al Gobierno y al Banco de España de maquillar los datos de ejecuciones hipotecarias y desahucios y han pedido retomar el debate para adoptar nuevas medidas en favor de los deudores.
Adicae ha señalado al Banco de España por “cocinar” los datos sobre ejecuciones hipotecarias al gusto del Ministerio de Economía y la banca, mientras que las cifras muestran que “las heridas de la crisis hipotecaria siguen abiertas y cientos de miles de familias continúan siendo víctimas de la injusta y leonina legislación hipotecaria española”.
En un comunicado, la organización resalta que el número de entregas de viviendas de las familias al banco aumentó un 11% en 2013 respecto a 2012, y asegura que estos datos “esconden una cifra de cientos de miles de familias ya sumidas en procedimientos de ejecución hipotecaria o al límite de sus capacidades de pago”.
Frente a esta situación, Adicae propone “reabrir el debate hipotecario, reformar la legislación e implementar un procedimiento concursal específico para consumidores, que tenga como objeto evitar los casos en que resulte posible la pérdida de la vivienda impidiendo además que el comprador se vea condenado a una deuda perpetua”.
“Debe ser abordado desde la perspectiva de justicia y derechos legítimos de los consumidores ante el abuso continuado en el ámbito hipotecario, del que las cláusulas de suelo, las tasaciones o las prácticas y políticas de las entidades, entre otros elementos, son exponente”, añade.
Facua pide más medidas
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno que deje de “maquillar la cruda realidad y frene la creciente sangría de desahucios”. La organización reclama al Ejecutivo que emprenda medidas que protejan los intereses de los ciudadanos “en lugar de torpedearlas y seguir favoreciendo la especulación inmobiliaria y el resto de abusos financieros”.
Facua critica también la ausencia de medidas sancionadoras contra la banca por parte de las comunidades autónomas, que, a su juicio, están eludiendo sus competencias frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los créditos.
Por otro lado, la organización carga también contra la Sareb, el llamado 'banco malo', porque, en su opinión, sigue contribuyendo a la especulación y el mantenimiento de la burbuja de precios de la vivienda, y reclama una mayor protección de las familias en riesgo de desahucio o que hayan sido desahuciadas.
“Medidas como el Fondo social de Vivienda actual son claramente insuficientes, dado que en mayo sólo se habían entregado 410 pisos de un total de 6.000”, apostilla.