La banca seguirá vigilando los pagos de la Generalitat, ya que considera que el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la intervención de sus cuentas no paraliza ese deber de vigilancia, acordado el viernes pasado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Según fuentes financieras consultadas por Efe, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) han remitido una carta a sus asociados, en la que defienden esta tesis, y aseguran que así lo demuestran los informes solicitados a prestigiosos juristas.
La nota de la AEB y CECA pretende de esta manera “despejar las dudas que pueden haber generado determinadas declaraciones recogidas por los medios de comunicación, en relación a los efectos de la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la Generalitat de Cataluña ante la Sala tercera del Tribunal Supremo” contra el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, del 15 de septiembre de 2017.
Ambas asociaciones han solicitado informes a “prestigiosos juristas sobre la cuestión”, que concluyen, “sin ningún género de dudas”, que “la pura interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo citado, aún con petición de medida cautelar de suspensión, no produce por sí mismo efecto suspensivo alguno sobre el acto administrativo impugnado, habida cuenta de la naturaleza del mismo”.
Es decir, el citado acuerdo de la comisión delegada “se encuentra vigente y tiene fuerza ejecutiva”, siendo, en consecuencia, aplicable en todo su contenido a las entidades de crédito, que están obligadas a emitir un certificado sobre cada uno de los pagos que efectúe la Generalitat.