El decreto contempla la posibilidad de acceder “a formas de apoyo de liquidez pública” consistentes en la concesión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de garantías estatales sobre los pasivos recién emitidos o sobre préstamos otorgados por la autoridad discrecional de Banco de Italia.
También se prevé la posibilidad de que acceda, a través de una solicitud específica, “a una recapitalización pública como medida de precaución”, con el fin de preservar el cumplimiento de todos los índices de capitalización también en escenarios hipotéticos de particular gravedad y altamente improbables.
El Ejecutivo comunitario ha determinado que el plan de Roma es “dirigido, proporcionado y limitado en tiempo y enfoque”. Por tanto, los servicios europeos de Competencia han concluido que cumple con la normativa europea sobre ayudas de Estado.