El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy que su departamento someterá a una evaluación ambiental “exigente y dura” los proyectos que se presenten para extraer gas mediante fractura hidráulica, para garantizar que no haya riesgo de contaminación de acuíferos.
Según dice, cuando lleguen esos proyectos al Ministerio -ninguno de los diez existentes ha llegado a esa fase-, se analizarán y se aplicará la nueva legislación ambiental.
Arias Cañete ha respondido así a preguntas de los periodistas ante las diferencias surgidas entre el Gobierno central y el Ejecutivo cántabro en relación con esta técnica de extracción de gas.
El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley cántabra que prohíbe usar el fracking en la comunidad autónoma.
El ministro ha señalado que el Gobierno cántabro, recogiendo el sentir de los ciudadanos de la región, aprobó una norma que el Estado considera que “vulnera” la Ley de Hidrocarburos, y por eso la va a recurrir.
Entiende que el Ejecutivo regional tiene unas “prioridades” y está “absolutamente legitimado” para adoptar esa posición política, pero ha añadido que el Estado quiere que se respete el marco competencial, y por eso, ha presentado el recurso y será el Tribunal Constitucional el que “arbitrará” y dirá si ha habido invasión de competencias o no.
De todas maneras, ha recordado que, mucho antes de que “estallara” esta polémica sobre el fracking, el Ministerio ya introdujo en la nueva Ley de Evaluación Ambiental la obligación de que los proyectos de fractura hidráulica se sometan a una evaluación que va a ser “muy sofisticada, muy exigente y muy dura”.
El Gobierno cántabro, por su parte, estará “muy expectante” en relación con esas evaluaciones ambientales y a cómo se ejecutan en otras comunidades autónomas. Lo ha dicho el presidente regional, Ignacio Diego, que acompañaba al ministro en la comparecencia ante los medios.
Diego ha subrayado que cada administración “tiene sus responsabilidades” y “prioridades”, y en este caso, Cantabria antepone la “preservación” de unos valores (ambientales y paisajísticos), que pone por encima de otros intereses (el aprovechamiento de recursos energéticos) que “puede y debe compartir” con el Estado.
Por eso, ha señalado que su Gobierno mantendrá su posición y seguirá actuando como hasta ahora.