El expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y los exdirectivos Adolf Todó y José María Loza han declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que el Banco de España estaba al tanto de todas las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo la entidad, que acabaron provocando un 'agujero' de 720 millones de euros, porque estaban consensuadas con él.
Según fuentes presentes en la declaración, Serra, Todó y Loza, todos ellos imputados en la causa que investiga Moreno sobre las operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares que la caja realizó entre 2000 y 2013, han asegurado que el Banco de España era conocedor de las operativas entre 2001 y 2007 como a partir de 2008, cuando cambió el modelo y se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Serra, Loza, Todó y otros 12 exdirectivos de CatalunyaCaixa por un presunto delito continuado de administración desleal por haber llevado a cabo “una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” en España, Polonia y Portugal a través de una filial y principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.
La denuncia por las “notables irregularidades” en la gestión de la caja se formalizó tras las irregularidades detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que en la mayoría de los casos se acometieron las operaciones “confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados”.
“Total falta de preparación”
Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés. La Fiscalía detectó una “total falta de preparación técnica” de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.
Sin embargo, Serra, Todó y Loza han indicado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que el proceso para aprobar las operaciones cumplió la normativa interna y que los socios eran fiables.
Para ellos, la prueba de esto es que llevaron a cabo unas “600 ó 700” operaciones inmobiliarias que sí salieron bien, según las fuentes consultadas. De hecho, han remarcado que nadie podía esperar el desplome posterior a 2008, ya que en aquel año todavía se hablaba de “brotes verdes”.
Los tres exdirectivos se han quitado también la responsabilidad explicando que el 'agujero' económico tuvo que ver con el poco valor por el que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) compró los activos inmobiliarios de la entidad.
Al salir de la Audiencia Nacional tras declarar algo más de una hora ante el magistrado, Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa en los gobiernos de Felipe González, ha dicho a los medios de comunicación que se siente “tranquilo” después de dar su versión. “He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo. Esto acabará bien”, ha afirmado.