El sindicato CGT ha acusado hoy a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de querer “criminalizar” a los trabajadores de limpieza viaria y jardinería y ha afirmado que con su ultimátum para alcanzar un acuerdo, pretende “romper” la huelga y “desviar la atención” de su responsabilidad en el conflicto.
En una nota de prensa, la Confederación General del Trabajo critica que Botella quiera “utilizar” a trabajadores de la empresa pública TRAGSA “para boicotear y reventar la huelga” y advierte de que esta práctica está “totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico”.
Además, señalan que el comité Intercentros de TRAGSA “ha declarado no estar dispuesto a participar en las artimañas de la alcaldesa” y que no van a consentir que se les utilice para “reventar” la huelga.
Recuerdan que para que intervenga la empresa pública es necesario que se haya declarado emergencia sanitaria, y que eso no ha sucedido todavía.
CGT se declara contrario a los ERE y propone que se anulen los contratos de gestión integral que incluyan servicios de jardinería y limpieza, así como que el Ayuntamiento asuma todos servicios públicos.
Según este sindicato, el principal motivo de la huelga indefinida es el despido de 1134 trabajadores, la reducción de un 43% del salario que plantearon las empresas adjudicatarias (OHL, Sacyr y FCC) y el hecho de que el Ayuntamiento las “incentivó” para que redujesen el precio hasta en un 33%, lo que equivale a 373 millones menos de la cantidad prevista inicialmente.