El Congreso aprueba las ayudas a las víctimas de Urda y al paquete de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado las ayudas destinadas a las víctimas del trágico accidente de trenes en Urda (Toledo), así como un paquete de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria.
Las ayudas a las víctimas del accidente del 28 de octubre suman 30 millones de euros y buscan acelerar la percepción de fondos por parte de los afectados por la tragedia ferroviaria. Son compatibles con otro tipo de ayudas, como el seguro obligatorio de los viajeros o las indemnizaciones para las víctimas de accidentes y están exentas de IRPF.
“Necesitamos mecanismos de respuesta rápida de esta tragedia, que el Estado esté del lado de las víctimas desde el primer momento, que las indemnizaciones no se demoren en el tiempo”, ha asegurado el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante su intervención ante la Diputación Permanente. “Ayudas que deben llegar rápido a las familias de las personas fallecidas o afectadas” y “evitar que se tenga que presentar documentación”. Se persigue “dar certezas y, desde el punto de vista jurídico, tener seguridad en todo este proceso de acompañamiento”.
Esa cifra de 30 millones, se traduce en 15 millones para fondos urgentes y, otros 15 millones, para los anticipos. Por ejemplo, la cuantía a percibir en los casos de fallecimiento, es una ayuda directa de algo más de 72.121 euros por cada persona fallecida y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro. Mientras, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.404 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en las lesiones de máxima gravedad. Las cifras son las mismas para el anticipo del seguro, según señaló el Ministerio de Transportes tras el accidente.
“Cuando ocurre una tragedia, el Estado tiene que estar con las víctimas y tiene que estar desde el primer momento”, ha resumido Cuerpo.
Reforzar la seguridad ferroviaria
En cuanto al refuerzo de la seguridad ferroviaria, la Diputación Permanente ha convalidado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en este tipo de transporte, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre y que incluye la protección social de los profesionales del sector. Se trata de una medida reclamada por los sindicatos, que este martes protagonizaron una huelga que abarcó a todos los operadores del sistema.
Entre los objetivos que recoge está precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extender la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.
Por ejemplo, el texto refleja qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción, en el caso de los maquinistas. A estos efectos, se incluyen en este cómputo las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.
Se trata de cambios que, en palabras del vicepresidente del Gobierno Carlos Cuerpo, quien asumió las funciones de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente, suponen un “criterio garantista”. “Un maquinista más descansado redunda en seguridad para todos”, ha señalado durante su intervención en la Diputación Permanente.
“La seguridad no puede ser voluntarista, tiene que estar garantizada por la norma. Tiene que haber un entorno de confianza con los trabajadores, tienen que poder comunicar riesgos sin temor a represalias”, ha recalcado Carlos Cuerpo durante su intervención. “La cultura justa es una herramienta fundamental para prevenir futuros accidentes”. Una normativa que, por ejemplo, ya se aplica en el sector aéreo. “El personal puede adoptar medidas como interrumpir la marcha y nadie puede ser sancionado por proteger la seguridad. No hablamos de impunidad si hay conducta dolosa”, sino que “la información que no se comunica por miedo, es información que vamos perdiendo”.
En lo relativo al refuerzo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el texto que se ha convalidado contempla que toda persona física o jurídica –las empresas– que sean objeto de una acción de supervisión estarán obligadas a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión.
“Damos respuesta a las necesidades laborales, principalmente de los maquinistas”, ha señalado Cuerpo durante su intervención. Además, ha recordado que las empresas tendrán seis meses para adaptar su normativa.
“Ayer mismo, fue suscrito un compromiso importante con Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviaria, que ha tenido también como resultado importante para los usuarios del sistema la desconvocatoria de la huelga prevista para mañana, día 19 de noviembre. Hoy mismo seguimos, por supuesto, manteniendo reuniones para intentar sumar a todos los sindicatos a este marco de acuerdo”, ha resumido Carlos Cuerpo.
“Es importante”, ha concluido, que “sigamos avanzando” con la convalidación de este real decreto-ley “habida cuenta del interés compartido por parte de todos de seguir reforzando seguridad y confianza en nuestros trenes”.