La crisis climática también va de llegar a fin de mes

Pasa a menudo que lo urgente se lleva por delante lo importante y, con el caso de la reciente convocatoria de elecciones, eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los partidos de la derecha quieren hablar de la situación en Ceuta, de inmigración y de la corrupción del PSOE. Por su parte, los partidos de la izquierda quieren hablar de vivienda, de empleo y salarios y de servicios públicos. Es un planteamiento lógico, porque son los temas en las que cada bloque es más competitivo, lo que les permite movilizar a aquellos votantes que perciben tales problemas como inmediatos y urgentes. Pero hay una cuestión que los atraviesa a todos y que apenas aparece en los discursos políticos: la crisis ecológica.

Aunque es habitualmente tratado de forma marginal, no es un problema separado de los anteriores. La ciencia ha demostrado que el cambio climático encarece los alimentos, deteriora la salud, destruye viviendas y agrava las desigualdades y, sin embargo, seguimos hablando de estos efectos como si fueran asuntos independientes. Hay incluso quien afirma que se trata de problemas que solo importan a gente con la vida ya “solucionada”. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una amenaza que condiciona nuestra economía y nuestra vida cotidiana siga ocupando un lugar tan secundario en la competición política?

Merece la pena recordar que España es uno de los países más golpeados por las consecuencias del cambio climático y, sin embargo, apenas hemos logrado convertir este problema en un asunto central de la conversación pública. Probablemente el caso paradigmático es el de la dana de Valencia, que provocó más de doscientos fallecidos, pero cuyo debate giró fundamentalmente en torno a la capacidad de gestión de los gobernantes durante el evento y no en torno a las causas últimas —las condiciones climatológicas— y la gestión previa al evento.

No son solamente desastres naturales

Cuando tiene lugar algún evento climatológico que causa muertes, lo habitual es escuchar el discurso de que se trata de un desastre natural. Como esa idea está asociada a lo inevitable, es también un argumento recurrente empleado por los gobernantes con objeto de eludir sus propias responsabilidades. Por otro lado, no contentándose con culpables abstractos, las víctimas y el sistema judicial buscan responsables de carne y hueso a los que hacer responder por los daños. En ambos casos se evita centrar la cuestión en algo previo y, en el fondo, más importante: que lo que suele llamarse un desastre natural nunca es únicamente el resultado de un fenómeno físico.

Lo que realmente existen son amenazas naturales, tales como crecidas, erupciones, terremotos o sequías que, de cuando en cuando, golpean territorios donde viven poblaciones humanas. Pero lo que convierte una amenaza en desastre es la sociedad, no la naturaleza. No hay ninguna ley física o fuerza sobrenatural que obligue a construir en las zonas inundables de los ríos ni tampoco a los pies de los volcanes, y ni siquiera en las fallas activas. Y mucho menos a hacerlo en condiciones de tanta precariedad que, de acontecer el fenómeno natural correspondiente, el daño humano sea muy alto. Eso lo deciden el mercado del suelo, la desigualdad y la (ausente) planificación. Pero es que, además, en un clima alterado por la acción humana, incluso la amenaza empieza a dejar de ser del todo natural.

Este enfoque tiene unas implicaciones muy distintas de las que derivamos cuando pensamos convencionalmente. Piénsese en el debate posterior a la dana de Valencia, que giró principalmente en torno a dónde estaba el presidente de la Generalitat durante la tarde de las inundaciones y de quién era la responsabilidad de dar el aviso a la Generalitat. Sin embargo, y exceptuando las comparecencias de algunos expertos que pasaron por la comisión de investigación, otras preguntas estructuralmente más relevantes quedaron fuera del plano. Por ejemplo, ¿por qué la lluvia fue tan abundante?, ¿por qué cientos de miles de personas viven en suelo inundable?, ¿qué pasará con la próxima dana? Estas otras preguntas hubieran conducido a una politización de las causas últimas, y obligarían a replantear el modelo de urbanización, ocupación del territorio y crecimiento económico; algo que pondría en duda lo que, hasta ahora, ha sido un espacio de consenso entre los principales partidos políticos.

Los impactos climáticos sobre España

En efecto, estamos más acostumbrados a preguntarnos por quién actuó de manera negligente ante un evento que por quién calentó el Mediterráneo y el planeta. Y eso es precisamente lo que debemos cambiar. Y ese cambio no vendrá dado por la cantidad de daños acumulados a causa de los fenómenos derivados del cambio climático, como bien ejemplifica el caso de Valencia, sino por el avance de un enfoque político distinto.

La ciencia ya ha demostrado que un mediterráneo más cálido significa más combustible para la precipitación torrencial de otoño; un proceso que estamos volviendo a ver en estos primeros días de otoño, también en el litoral. De acuerdo con el informe del estado del clima de Aemet, la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó en 2025 nuevos récords y el agua estuvo más de 1 °C por encima de lo normal. Este fenómeno es una de las expresiones del calentamiento global y, aunque es común a todos los mares y océanos, en el Mediterráneo adquiere mayor intensidad. Lo que cada vez está más claro es que ese vínculo entre calentamiento y precipitación más abundante contribuye a explicar la magnitud de fenómenos como el de la dana de Valencia, como avala un reciente estudio del CSIC en el que se afirma que el calentamiento global fue un amplificador de la dana que intensificó la tasa de lluvia un 21%. En suma, los mecanismos causales están claros y van desde el modelo de producción y consumo del capitalismo al cambio climático antropogénico y a la intensificación de fenómenos climatológicos extremos.

La cuestión es que el cambio climático no solo afecta a los seres humanos a través de las inundaciones. También las sequías provocan pérdidas económicas ingentes e incluso humanas, tanto por crear mejores condiciones para los grandes incendios como por la pérdida de cosechas. Por ejemplo, la última gran sequía en España redujo la cosecha de aceite de 2022/23 un 55% respecto a la campaña anterior y a menos de la mitad de la media de los años previos, según los datos del Ministerio de Agricultura. Aunque hay otros factores en curso, como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Banco de España acredita que el aceite se encareció un 139% entre 2019 y 2024, lo que castigó sobre todo a los hogares más pobres (por la mayor proporción de alimentos en la renta, como exploramos en este análisis).

Incluso el propio Banco Central Europeo reconoce desde 2022 que el cambio climático tiene tres vías por las que afecta seriamente a la inflación: climateflation, fossilflation y greenflation. La primera es la más conocida, porque se refiere al incremento de precios que se produce cuando las sequías, las olas de calor o las inundaciones restringen la oferta de un producto; como el caso del aceite ya mencionado. Sin embargo, la segunda no es menor, y mucho menos desde la guerra en Irán desatada por Estados Unidos este año, ya que se refiere al coste (en precios) que tiene la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, a través de su efecto sobre el precio de los fertilizantes, que a su vez afectan a las cosechas y a los precios finales de los alimentos. Así, la lucha por la energía (barata) entre grandes potencias y su combinación con el cambio climático acaban conduciendo a una pérdida del poder adquisitivo de las familias. Sin embargo, y he aquí la cuestión, estos hechos no se enmarcan habitualmente como una cuestión relacionada con el cambio climático.

Quién se preocupa por el cambio climático

Si atendemos a los datos del CIS, la preocupación por el cambio climático ha remontado en los últimos meses. Como se ve en el siguiente gráfico, en la actualidad más del 80% de los españoles contesta que está muy o bastante preocupado por la cuestión frente a un 17% que afirma estar poco o nada preocupado. Son datos prometedores, si bien es una pregunta general que se realiza sin necesidad de comparar con otros problemas identificados por quienes responden. Cuando tenemos en cuenta ese hecho, la situación cambia considerablemente.

En efecto, en lo que va de 2026 el porcentaje de españoles (mayores de 18 años) que consideran que el cambio climático es uno de los tres problemas principales es únicamente del 2,3%. No obstante, esa cifra esconde variaciones a lo largo de los meses, ya que asciende hasta el 5,5% en septiembre y es inferior al 1% en primavera. Esta variabilidad probablemente tiene que ver, sin perjuicio de que existen otros factores, con el efecto que tienen sobre la percepción las olas de calor en verano.

Además, hay que subrayar que el cambio climático se ha convertido en una opción ideológica que está presente entre las izquierdas mucho más que entre las derechas. Como se puede ver en el siguiente gráfico, construido a partir de todos los barómetros mensuales del CIS durante 2026, la priorización de los votantes de derechas (con excepción notable del PNV) respecto al cambio climático es prácticamente nula.

La lógica política y la lógica ecológica siguen ritmos distintos

El principal problema ya se ha señalado: por lo general, la ciudadanía considera el cambio climático como algo ajeno a su vida cotidiana. Resulta curioso que ni la ciencia ni las instituciones económicas internacionales están de acuerdo con esa proposición, ya que son muchos los canales por los que el cambio climático están afectando a la vida cotidiana de las familias trabajadoras, y muy en particular a su poder adquisitivo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, ni siquiera en el caso extremo de la dana —porque implicó fallecidos— el marco dominante fue el climático.

En realidad, el cambio climático afecta al conjunto de la población por vías que van más allá de las que solemos considerar estrictamente económicas. Las olas de calor están también asociadas a miles de muertes anuales, mayoritariamente de personas con más de 65 años, y el calentamiento global está alterando seriamente los ecosistemas hasta el punto de favorecer la expansión de animales que son vectores de transmisión de enfermedades. En España, la fiebre del Nilo Occidental, con más de cuarenta muertos en los últimos años, ilustra la importancia de estos riesgos, ya que su transmisión depende de factores climáticos y ecológicos que influyen en la actividad de los mosquitos y en la circulación del virus.

Estos datos nos demuestran, tal y como ha recordado el científico Fernando Valladares en La recivilización, que el problema es esencialmente político. El problema aparece tanto en la oferta como en la demanda electoral. Por un lado, los partidos no sienten que obtengan rendimiento al hablar del cambio climático (o de la cuestión ecológica en general) porque, a pesar de lo que dicta la ciencia, los electores no premian ese tipo de discursos. Por otro lado, ese mismo electorado no conecta de manera obvia lo que son problemas económicos y lo que son problemas ecológicos. El caso más claro es la subida del precio de los alimentos y la energía. Aunque ya se ha explicado que parte de la subida tiene que ver con la codicia de las grandes empresas que ostentan gran poder de mercado, hay otra parte que tiene que ver con las condiciones naturales y climatológicas. Pero incluso la izquierda política tiende a fijarse únicamente en la primera parte, minusvalorando la segunda; y eso contribuye a mantener separados dos temáticas que, en realidad, pertenecen al mismo dominio.

Además, el electorado tampoco parece premiar las acciones preventivas o de adaptación, de modo que los gobernantes en activo no priorizan aquellas políticas que podrían evitar los “desastres naturales”. Como acreditan los casos de la dana y de los incendios, los electores premian o castigan la capacidad de respuesta ante un evento, pero son generalmente indiferentes a todo lo relacionado con la prevención. Es una cuestión de incentivos (perversos), puesto que la lógica política en una democracia gira en torno a la maximización del voto cada cuatro años, y la lógica ecológica sigue ritmos muy distintos y, sin embargo, no por ello menos importantes.

La conclusión a la que nos conduce este análisis es que los partidos políticos no deberían tratar aisladamente aspectos tales como salarios y clima o calor y precariedad. Todos pertenecen a una misma historia temática, es decir, son la manifestación de un mismo proceso. No tenemos catástrofes o daños aislados, sino una cadena sucesiva de acontecimientos que tienen que ver al mismo tiempo con cómo distribuimos el poder en las sociedades modernas y cómo la actividad del ser humano está modificando la base natural en la que nos insertamos como sociedad.

En consecuencia, parece más sensato traducir los fenómenos climáticos en coste de la vida de igual manera que cuando hablamos de precariedad y vulnerabilidad no podemos limitarnos a una aproximación economicista. Por eso, no deberíamos limitarnos a elegir entre hablar de las condiciones de vida y hablar de la crisis ecológica (un falso dilema sobre el que se ha construido toda la narrativa “anti-woke” de la extrema derecha). Por el contrario, deberíamos dedicar más energías a explicar cómo se relacionan ambas, quién soporta sus costes y qué transformaciones permitirían proteger a la mayoría social.