Directivos sancionados a título personal por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por participar en cárteles están intentando tumbar las multas en la Audiencia Nacional. Estas sanciones son algo relativamente nuevo en España. Se introdujeron en la ley en 2007, pero las primeras no llegaron hasta 2016. Desde entonces, la CNMC ha multado a 70 directivos de unas 40 empresas en una decena de expedientes por un total de unos 2,3 millones de euros, a razón de unos 33.000 euros por cabeza. Ya hay reincidentes, y existe debate sobre si las multas son disuasorias.
El último caso es el de uno de los mayores cárteles desarticulados por la CNMC, el que formaron durante tres lustros las principales empresas de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la red del AVE, media distancia y cercanías en España. Fue desactivado en septiembre con la imposición de 127,8 millones en sanciones a 8 compañías. Entre ellas, Cobra, antigua filial industrial de ACS vendida en diciembre al grupo francés Vinci (30 millones de multa), junto a Siemens (28,9 millones, luego reducidos a la mitad por colaborar en el proceso), Nokia (24 millones) o Thales (17 millones).
En ese expediente fueron sancionados diez directivos. En una decisión inédita hasta entonces, tres recibieron la máxima multa que permite la ley: 60.000 euros: su presidente en España, Jesús Sánchez Bargos, y el director de ventas y Desarrollo de Negocio de la división de Mercado Civil, Fernando Ortega. “Se ha recurrido la sanción al completo porque rechazamos las conclusiones del informe de la CNMC”, indican fuentes de la multinacional francesa, que no precisan si su presidente es uno de los que ha logrado suspenderlas cautelarmente.
En ese procedimiento, la CNMC multó a título personal a cuatro directivos de Thales, más que ninguna otra empresa del cártel. También recibió la máxima sanción posible el ex responsable de Siemens Rail Automation en España cuando se produjeron esos hechos, Jesús Guzmán Martín de los Santos, desde 2018 al frente del negocio Ferroviario de ACS, según su perfil en LinkedIn.
Al menos dos de los multados con 60.000 euros han logrado que la Audiencia, sin entrar al fondo del asunto, suspenda la ejecución de las sanciones. Es el caso de Fernando Ortega, directivo de Thales, que argumentó que desembolsar esa suma “le acarrearía perjuicios de imposible o muy difícil reparación atendido su importe y las retribuciones económicas que percibe”, ya que equivale “aproximadamente a un 27% de su retribución dineraria anual bruta durante el ejercicio económico del año 2020, último ejercicio fiscal completo”, o a un 44,8% de sus ingresos netos, “una vez practicadas las correspondientes retenciones”, según un auto de marzo.
Hace unas semanas, la Audiencia también suspendía la sanción de 60.000 euros a otro de los multados en ese expediente, que argumentó que es un importe “elevado para una persona física”, de “una cuarta parte de los ingresos anuales que percibe”, como acreditó con el correspondiente certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de 2020. Abonarla de forma inmediata “le causaría un impacto negativo considerable sobre sus recursos económicos y los de su familia”.
Similares argumentos han servido para suspender la sanción de 41.000 euros impuesta en ese procedimiento a Íñigo Balda, directivo de la vasca CAF. Esta empresa, sancionada con 1,73 millones, fichó en 2020, con ese expediente ya incoado, a una ex consejera de la CNMC, en el primer movimiento de este tipo desde la creación de este organismo en 2013.
La defensa de Balda expuso que “no se aprecia daño alguno al interés público por el hecho de que la Administración deje de ingresar en este momento el importe de la sanción”, que “supone más del 16% de sus ingresos anuales”, de unos 256.000 euros. Hacerle frente le impediría sufragar los “elevados” gastos que afronta Balda: “Escolaridad del colegio de los cinco hijos; gastos de una vivienda en alquiler y el pago de dos créditos hipotecarios” que acreditó documentalmente, según el auto.
Otro tanto ha ocurrido con Francisco Travieso, ex directivo de CAF multado con 28.000 euros. Una suma que, ya jubilado, “supone el 77% de sus ingresos anuales”, según expuso su defensa.
También han recurrido las sanciones directivos del cártel de consultoras desarticulado en mayo de 2021. Competencia impuso 6,3 millones en multas a 22 empresas y más de una decena de sus directivos por montar un esquema para “manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo” durante al menos 10 años. Se intercambiaban correos de esta guisa para amañar ofertas: “Hay que hacerlas muy bien, vamos, como si fuéramos a ganar…”
A título personal, trece directivos fueron multados con 427.000 euros y Competencia propuso que a los participantes se les inhabilitara para contratar con la Administración. Varios han llevado su caso a los tribunales. Es el caso de Leandro Ardanza, socio director de la consultora bilbaína 97 SYF, SL, multada con 69.667 euros. El directivo, que no respondió a la llamada de este medio, ha impugnado la sanción de 55.000 euros que se le impuso como persona física. Y ha logrado su suspensión cautelar al entender la Audiencia acreditados sus “problemas económicos”: “Atraviesa una difícil situación personal y patrimonial que le ha obligado a solicitar diversos préstamos tanto hipotecarios como personales” y, sin esa medida cautelar, “se le produciría un importante quebranto económico”, expuso, según un auto de diciembre.
Menos suerte ha tenido Ana Andueza, hasta 2018 socia en el País Vasco de Deloitte, firma que se llevó la mayor multa del expediente, casi 4 millones. Andueza ha declinado hacer comentarios, al estar su caso judicializado. Fue sancionada con otros 55.000 euros. Según la resolución de la CNMC, intercambió numerosos correos con Ardanza para darse “cobertura” mutua en diferentes concursos públicos.
Hace unos días, la Audiencia Nacional rechazó suspender la ejecución de la sanción contra ella y le impuso el pago de las costas al no considerar acreditados los “perjuicios irreparables” que alegaba. Experta en gobierno corporativo que ha desempeñado cargos ejecutivos en Deloitte o KPMG, sostenía que la resolución “es nula de pleno derecho” al haberse vulnerado su presunción de inocencia y porque “no hay prueba de su participación ni de su culpabilidad”. Y entendía que la multa no era proporcional, argumentos que “inciden de modo directo en el fondo del asunto” y son, “en este trámite en que nos encontramos, insuficientes para suspender la resolución”, según la Audiencia.
En el expediente de las consultoras también fueron multados a título personal Íñigo San Emeterio, director corporativo y responsable de Consultoría de Idom (24.000 euros), y Marta Álvarez, responsable del Departamento de Consultoría y del área de Competitividad de esa firma (12.000 euros). Ambos siguen en la consultora vasca, sancionada con 640.000 euros, la tercera mayor multa en ese procedimiento. Solicitaron como medida cautelar no ya la suspensión del pago de la sanción, sino bloquear la notificación a la Junta Consultiva de Contratación del acuerdo para impedirles contratar con la Administración a título personal.
Sus argumentos fueron similares: ese veto les generaría graves perjuicios a ellos y a su empresa, “en términos reputacionales y de pérdida directa de clientes, que pueden desembocar en la pérdida irremediable de ingresos y actividad para la compañía con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo”, incluidos los suyos. Expusieron que la contratación pública supone 127 millones anuales para el grupo, un 53% de la facturación de ICEA, la división de consultoría sancionada, que es “la sociedad principal del grupo IDOM y representa un 80% del Patrimonio Neto, un 87% de la cifra de negocios y un 80% del personal del mismo”.
Y vetar a la empresa o a sus empleados “supondría un importe equivalente a casi 200 veces la multa impuesta por la CNMC”, con “el agravante de que impediría a IDOM generar ingresos adicionales, abocando prácticamente al cierre de diversas áreas de la compañía y al despido de un número muy relevante de empleados”, según sendos autos de febrero y marzo. A Álvarez, que ya había abonado esos 12.000 euros de multa, se le ha concedido la medida cautelar. A San Emeterio se le ha denegado.
Otros directivos han tumbado las multas porque la Audiencia ha anulado el expediente que las generó. Es lo que ha ocurrido con un supuesto cártel de infraestructuras ferroviarias que la CNMC desmanteló en 2016 imponiendo sanciones de 5,46 millones a cuatro empresas y a nueve directivos. Pero en diciembre, la Sala de lo Contencioso anuló la sanción a una de las infractoras, JEZ Sistemas, y luego ha ido estimando los recursos de los directivos de esa y otras empresas.
La Audiencia entendió que la CNMC debió realizar un “mayor esfuerzo” en explicar por qué la información que se intercambió en las UTES constituidas para conseguir esas licitaciones de Adif “excedía de la imprescindible”. Y no dio por buena la argumentación del superregulador sobre cómo el cártel alteraba los precios o “restringió un mercado del que ya reconoció la resolución sancionadora que estaba limitado a un puñado de empresas, las únicas que reunían las condiciones económicas y tecnológicas para afrontarlo”. La CNMC va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, confirman fuentes del organismo.
Ese fue el segundo expediente en el que la CNMC activó las sanciones personales a directivos. El primero fue el del cártel de los pañales para adultos, con multas de 128,8 millones. Una de las personas sancionadas fue la secretaria general de la patronal Fenin, Margarita Alfonsel. Llevó su caso al Supremo y lo ganó, como contó Cinco Días. Lo mismo ocurrió con la directora técnica de la asociación, María Aláez. El Alto Tribunal determinó que su cargo estaba subordinado a la secretaría general y no tenía autonomía en sus funciones.
Seis años después de que, en mayo de 2016, la CNMC impusiera las primeras multas de este tipo, dos directivos ya son reincidentes. Ambos fueron multados la última vez que se activó este mecanismo, en el cártel ferroviario de septiembre. El organismo sancionó con 50.000 euros a Miguel Ángel Martínez, hasta 2019 director general de la filial de Ferrocarriles de Cobra (hoy en manos de Vinci), que ya fue multado con 59.100 euros en el cártel del AVE, desarticulado en 2019, en una resolución que convirtió a ACS en líder en sanciones de la CNMC.
También formó parte de esos acuerdos ilegales la alemana Siemens. Su entonces directivo Leopoldo Olea fue multado en el cártel del AVE con 45.100 euros. Y en el del año pasado, le cayeron otros 43.000 euros de sanción a título personal. Olea es actualmente director general en Cobra Industrial Services, la antigua filial de ACS.
Como destacó el miércoles en un acto organizado por la CNMC y la Comisión Galega de Competencia (CGC) Pilar Canedo, consejera del superregulador y ex presidenta de la Autoridad Vasca del ramo, con este tipo de conductas ilegales “la Administración paga de más por el servicio que presta a los ciudadanos”, que son los que salen perdiendo. En la OCDE “un número creciente de países” se plantea incluir estas conductas en el ámbito de la responsabilidad penal.
¿Son disuasorias las actuales sanciones a personas físicas? Hay dudas. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha abogado por elevar drásticamente su importe, al igual que su antecesor, José María Marín Quemada. Ambos pusieron sobre la mesa una cifra: 400.000 euros de sanción máxima. En julio de 2020, el Ministerio de Asuntos Económicos publicó un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia para implementar una directiva europea conocida como ECN+. Entre otras cosas, contemplaba ampliar ese umbral máximo hasta ese importe, más de seis veces más que ahora.
Finalmente, el Ejecutivo traspuso esa norma europea en un Real Decreto-Ley aprobado abril en 2021 que endureció las sanciones a las empresas por acuerdos anticompetitivos. Pero las multas a directivos no se tocaron.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.