El director general del Consejo Empresarial del Juego (Cejuego), Alejandro Landaluce, atiende por teléfono a eldiario.es para hablar sobre las reuniones con 96 políticos españoles que, según ha revelado la multinacional Codere, mantuvo el lobby que dirige en 2018. “Nunca el sector del juego ha estado en unos presupuestos o en una campaña electoral”, dice al arrancar la charla este ingeniero industrial, que lamenta el “desconocimiento” que a juicio existe sobre el sector al que defiende.
Cejuego se reunió con 96 políticos en 2018, un 70% de ellos, parlamentarios autonómicos, en un año con importantes cambios regulatorios. ¿quiénes eran esos políticos?
No voy a decir nombres, pero revisando el listado, puedo decirle que nos hemos visto con Iniciativa per Catalunya, En Marea, En Comú Podem, el Partido Regionalista de Cantabria, Més por Menorca, Més Per Mallorca, PSOE, Podemos, PNV, PDCAT, PP, Ciudadanos, Compromís, PAR, el PI de las Islas Baleares, el BNG… Procuramos tener reuniones en cada asamblea regional cuando ha habido una ley, y el año pasado se tramitaron en Valencia, en Madrid…
Nos hemos visto con todos los partidos, muchas veces en la misma sala. Primero con el de Ciudadanos, luego con el de Podemos; siempre en sede parlamentaria y con registro. En alguna muy rara excepción, por algún motivo del partido, no nos hemos podido reunir con algún grupo. Pero lo normal siempre es que nos veamos con todos, siempre el mismo tiempo, para darles datos sobre el juego en su comunidad: número de bingos y casinos, evolución… evidentemente, les intentamos convencer de lo que nosotros entendemos que es bueno para la ciudadanía y el sector, que es una actividad económica permitida en todas las comunidades, que está regulada, y en la que hay cosas que están bien y otras que están mal.
¿Se han reunido con más políticos que otros años?
Hay 17 comunidades autónomas que ahora mismo están sacando constantemente propuestas de ley o no de ley, o decretos, como el de ahora en Madrid que está sacando el PP, y lógicamente nos tenemos que reunir con ellos. Antes, un regulador que llevaba dos o tres años en el puesto, decidía cambiar una ley del juego; alguien mucho más técnico, que sabía mucho del sector, abría un periodo de alegaciones y a veces te llamaba o no para explicarle los temas. Desde hace un par de años, creo que por todo el lío de la publicidad en televisión, vemos propuestas de partidos, es algo que no está en la agenda técnica de un regulador, sino política. Ese es el cambio.
Para nosotros, el trabajo más o menos es el mismo, pero ahora en vez de estar tanto tiempo con reguladores, son personas que no son del sector y hay que explicarles las cosas, es una labor mucho más didáctica. Como con los periodistas. Antes solo estábamos puntualmente en los medios. Ahora, constantemente. Ha cambiado el contexto y nos hemos visto obligados a hacerlo.
¿Pero hay más o menos reuniones con políticos que otros años?
Desde hace dos años ha aumentado, pero en 2018 ha sido similar al año anterior. Me imagino que esto se estabilizará. Son 17 comunidades y el año pasado a lo mejor hubo cambios en seis administraciones. A veces cuando vamos a verles, además de a los representantes de Economía o Hacienda, también solicitamos ver al representante de Sanidad, porque un tema relacionado con el juego es el de las ludopatías. De ahí salen esos números.
¿De las normativas autonómicas en tramitación, la que más les preocupa es la valenciana?
Ahora mismo nos preocupan todas. Sí es cierto que la valenciana afecta mucho al sector. Hay cosas que están bien y otras, mal. Y lo defendemos como cualquier otro colectivo afectado.
¿Qué les parece la normativa que prepara Madrid?
El juego en Europa tiene una singularidad, porque atañe a una serie de entes como la sanidad pública o el control de capitales, que permite a los estados, en nuestro caso, las comunidades autónomas, poner una serie de requisitos. Una planificación. Hay muchas diferentes: en Catalunya está lo que llaman contingentar: un número de salones, máquinas... Otro tipo es la distancia entre salones o a colegios. Nosotros entendemos que una planificación coherente son medidas higiénicas que dan seguridad, al empresario y a la ciudadanía, y estamos en principio a favor.
En Madrid, durante años el regulador entendió que ya había una serie de requisitos muy exigentes en el sector, que cumplimos, como la prohibición del juego para menores, y no hacían falta medidas específicas que sí están en otras CCAA, como la distancia entre salones o respecto a centros escolares, defendiendo algo que es real y que los datos avalan: que no porque haya esas medidas de planificación hay más o menos salones o casas de apuestas. Madrid está dentro de las seis autonomías con menos salones por número de habitantes. Lo que ocurre es que al no poner esas distancias, no puedes evitar que haya dos o tres pegados, o cinco, que los empresarios decidan poner sus locales en las zonas que ellos entienden más rentables: zonas donde pasa mucha gente, hay más visibilidad, donde el precio de los alquileres es menor…
¿Y con una renta per cápita más baja?
No. Eso es un mito. Como lo de los niños. Primero, está prohibido que entren menores. Y evidentemente la renta de un chaval de 18, 20 años, que le da su padre 15 euros para que se lo gaste el fin de semana en lo que le apetezca, no es el objetivo de ninguna empresa. Todo lo contrario. Si te dedicas al ocio, tu objetivo lógico y prioritario es gente que trabaja, que tiene su renta. Ese es el 90% de la gente que viene a tu local. Que te entre un chaval de 18-19… nosotros como si nos ponen un límite de 21 años, algo que se estuvo mirando pero va contra la ley.
La presencia de locales está muy distribuida por todo el arco pero hay zonas en las que no es rentable. ¿Por qué en urbanizaciones en Las Rozas no hay? Porque la gente va en coche, no andando, y necesitas un sitio donde la gente vaya andando. Tampoco hay cines en mitad de una urbanización.
Tampoco se ven salones en el Barrio de Salamanca.
Porque no salen los números. El alquiler de un local en la calle Velázquez o Serrano no te da la rentabilidad. La gente cree que estas casas de juego son la panacea y la realidad es que la apuesta media por máquina, según el Ministerio de Hacienda, está en cinco-seis euros. Son apuestas muy pequeñas. Necesitas, como cualquier negocio de retail, mucha afluencia. El margen de beneficio es más bien pequeño: el premio que hay en apuestas ronda el 90-85% y en máquinas, el 75-80%. Con ese margen tienes que pagar el impuesto directo y el alquiler. En la calle Serrano no te da para pagar el alquiler.
¿Ha visto cómo están barrios madrileños como Carabanchel?
Claro. El problema es que necesitas un mínimo de población para que tu local sea rentable. Un ejemplo que puede entender cualquiera: en un pueblo de 25 habitantes, es imposible que nueve panaderías sean rentables. En Carabanchel, que tiene una población bastante grande para lo que suelen ser las ciudades españolas, a lo mejor caben ocho o nueve salones. Si pones distancia mínima entre ellos, como en Catalunya, esa sensación de aglomeración no va a existir. En Madrid no existe el tema de distancias y los empresarios deciden cuáles son los mejores sitios. Si no te ponen una indicación estarán, en el caso de Carabanchel, en la mejor arteria: General Ricardos, donde habrá ocho, nueve, diez juntos, y ninguno en otras calles no tan comerciales. Lo mismo en Tetuán con Bravo Murillo. O en el Puente de Vallecas, donde ya se están cerrando salones porque no les salen los números. Hemos ido muchas veces al regulador de Madrid diciendo que [imponer una distancia mínima] era una medida bastante higiénica y que a la sociedad da seguridad que los locales estén distanciados.
¿Pero entienden que haya alarma social por el juego?
Nosotros defendemos la planificación.
Critican a Valencia porque quiere imponer una distancia entre locales con efecto retroactivo, ¿y les parece bien que en Madrid se ponga un límite de 100 metros que no afectaría a los locales ya existentes?
El decreto de Madrid afecta también a las renovaciones, y las licencias de los locales duran cinco años. Te puede gustar más o menos el sector, pero es una actividad legal y existe la libertad individual: hay gente a la que le gusta; y está la responsabilidad personal. Son las bases de la democracia. Ahora mismo vas al Ayuntamiento de Madrid, pides una licencia, tienes un montón de requisitos… a nosotros nos parecen bien las distancias, llevamos pidiéndolo mucho tiempo. Pero con seguridad jurídica. No podemos sacar de ahí a alguien que ha hecho una inversión hace tres o cuatro años. Lo que decimos es: “Vamos a estudiarlo, no te dejes llevar, analízalo. Veamos dónde quieres llegar y hagámoslo sin hacer un roto a nadie”. Respecto a la alarma social, los datos son así. A cualquier persona se le pregunta y seguro que dice que ahora se juega mucho más en España que lo que se jugaba en 2007. Y no es así.
Hay un registro estatal de interdicciones de acceso al juego cuyo número de inscritos creció en 2017 un 9% y ha aumentado un 36% desde que el juego online entra en escena.ha aumentado un 36% desde que el juego online entra en escena
¿No puede ser porque hay más concienciación?
¿No es gente que tiene un problema con el juego?
Lo importante de ese registro es saber si ha crecido o no la ludopatía en España. Los datos oficiales dicen que en los últimos diez años la ludopatía no ha aumentado.
En el caso del registro de interdicciones, hablamos de 11.000 inscritos más en seis años.
Eso no quiere decir absolutamente nada. Yo he visto una propuesta de Podemos que aconsejaba a las familias que se apuntaran a los registros como señal de rechazo al sector. Está escrito en la Asamblea de Madrid y replicado en otras comunidades autónomas. Hay gente que se ha podido apuntar como medida de censura hacia el sector. Y la gente puede estar más concienciada ahora, que es algo de lo que nos deberíamos de alegrar todos: si ve que tiene un problema, se apunta al registro. Nosotros hacemos una labor de concienciación en nuestros locales y como asociación para hacer ver que, si hay una serie de parámetros, se tiene un problema con el juego.
El registro de interdictos no quiere decir que aumente el número de ludópatas. Hay una labor de concienciación que estamos haciendo todos: Gobierno, administraciones, todo el mundo, para que el que tenga un problema con el juego se inhabilite. Debemos ir todos para que ese registro crezca, no hasta el infinito, pero que al que se apunte no se le deje jugar. Pero no quiere decir que todo el que está ahí sea un ludópata. Lo que hay que mirar es el porcentaje de ludópatas, que en España es un 0,3%. Con las elecciones anticipadas no va a dar tiempo a que salga el último estudio de la Dirección General del Juego, pero por los datos que nos han dado a nosotros y a más gente, no ha aumentado. Yo creo que ese registro no se puede usar como un elemento malo. Es un síntoma de que por un lado la persona que tiene ese problema ha dado el paso de inscribirse, y eso es positivo, y de que a lo mejor hay gente que se apunta para mandar un mensaje.
Entonces, ¿hay gente que se apunta en ese registro para fastidiar al sector del juego?
Podemos registró una propuesta en la Asamblea de Madrid que aconsejaba apuntarse en él como un acto familiar. Está escrito. No es una cosa que me esté inventando.
¿De cuándo es esa propuesta? Los últimos datos del registro nacional de prohibidos son de 2017
No sé si fue de primeros de 2018 u octubre de 2017. Salió en Madrid y luego fue a otros parlamentos. Respecto a los datos de juego, en 2017 está claro que el volumen del sector, la tarta, lo que se juega, es menor al de 2007. Hay más sensación, pero a nadie le importa que en la hostelería haya caído en 1.500 millones de euros; o que los bingos hayan pasado de 1.365 a 620, cerca de 700 millones; o que los casinos hayan pasado de 571 a 335. La tarta se ha hecho más pequeña y ha cambiado. Después de 40 años, las cosas cambian y la oferta es diferente. Desde que en 2014 la crisis tocó fondo, se ha ido recuperando la renta familiar y han ido creciendo todos los segmentos, pero no por igual, y surgen los nuevos, que son los que han creado la alarma: las apuestas, que en 2007 no existían, han pasado a 307 millones; y el online, que se regula en 2011, pasa de cero a 580 millones. Hay más salones de juego porque los salones están adoptando las máquinas de la hostelería, y a eso se suman las apuestas, y la no regulación de la publicidad del juego online en televisión, que entendemos es abusiva, excesiva, y hay que regular los mensajes y las franjas horarias. En el tema de los deportes, antiguamente se jugaba un partido en sábado y otro en domingo. Ahora se ha convertido en algo que está a todas horas. Y nosotros hemos alegado que se tiene que regular. Da una sensación de que el juego entra constantemente en tu casa, a todas horas. Unido a los subsectores que han crecido, parece que esto se ha ido de las manos y hay una situación de descontrol cuando lo que hay que controlar es la publicidad. Nosotros ya hemos dicho que queremos que se regule al máximo porque no creemos en la prohibición.
El PP ya dejó en un cajón un decreto para regular al sector. El Gobierno pactó con Unidos Podemos poner coto a la publicidad de las apuestas pero no la hecho. ¿Por qué no se aprueba esta normativa? ¿Para proteger a Loterías y la Once?
Siempre hemos defendido que el juego es uno solo y que hay cierto doble rasero entre juego público y privado. Ahí no hay ideologías. Hay muchos partidos que no son el PP y que defienden al juego público. Un rasca de la Once no se diferencia en nada de una máquina de casino. Es lo mismo, una aleatoriedad total sobre tres o cuatro cifras. Y una apuesta es lo mismo que una quiniela, aunque esta sea más simple. Se tratan de una manera muy diferente y los que más fuerza tienen a nivel de comunicación y más publicidad hacen a nivel estatal no somos nosotros. Siempre que hemos pedido que se saque el reglamento [de publicidad] no encontramos quién lo haga. Llevo en Cejuego seis años y no sale, ni con el PP ni con el PSOE. No es un partido político; es otra cosa. Y nosotros hicimos alegaciones mucho más restrictivas a la publicidad en televisión que lo que figuraba en el decreto de hace dos años.
¿De las últimas leyes autonómicas que han salido, la que más les gusta es la de Madrid?
Nosotros apoyamos la planificación, pero no nos gusta que, ahora que estamos ya en periodo electoral, se haga sin ajustarse a lo que es una lógica y un sentido común y se planteen cosas con las que no estamos de acuerdo. Hay bastantes cosas que no nos gustan con ese decreto. En el caso de la ley valenciana, el 80% está muy bien, pero con lo que no estamos de acuerdo es con eliminar la seguridad jurídica, presentando en el plazo de enmiendas una distancia entre locales que pasa de 800 a 1.000 metros y que en la renovación se tenga que cumplir. Va a generar un perjuicio, no va a generar ninguna seguridad y va a hacer que una persona que tiene ahora mismo un negocio lo tenga que cerrar. Las leyes no son retroactivas en ese sentido y hay que defender la seguridad jurídica de todo el mundo.
El anterior ministro de Justicia [Rafael Catalá] fue directivo de una de las principales empresas del sector, Codere, que actualmente tiene como consejero a otro exministro del PP [Pío Cabanillas]. Otra de las principales compañías de este negocio, Orenes, tiene como socio y consejero a un ex diputado del PP [Andrés Ayala] cuya esposa era vocal del grupo cuando él estaba en el Congreso. El PP quiso montar Eurovegas en Madrid. ¿Tiene un idilio este partido con su sector?
Dentro de todas las empresas del juego y en otros sectores habrá gente que ha pertenecido a un partido o a otro. Ese exministro trabajaba primero en Codere y luego se hizo ministro. Muchos ministros, no solo del PP, también de otros partidos, seguramente trabajaron antes en alguna empresa y sería saludable que así fuera. Esos casos son tres entre todo un sector en toda España. No es una ratio alarmante. Seguro que hay sectores y empresas que concentran a mucha más gente que ha llegado a ser ministro, no veo nada raro. Dependiendo del partido que gobierne, la oposición utiliza sistemáticamente contra él al sector. En Aragón, uno de los partidos más beligerantes es el PP.