Endesa ha planteado hoy que el Estado asuma hasta 2.700 millones de euros del denominado déficit de tarifa estructural, que ronda los 4.000 millones anuales, ya que esta deuda se ha generado por las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos.
Según ha señalado ante los analistas el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, es justo que el Estado asuma parte de este problema, en concreto el importe derivado de los costes de financiar el déficit, que rondan entre 2.200 millones y 2.700 millones anuales, mientras que el resto deberá ir al mercado.
Brentan también ha abogado porque se mantengan los recortes a la fotovoltaica, que suponen entre 500 y 700 millones de euros anuales.
El déficit de tarifa “residual” asciende a 4.000 millones de euros y se corresponde al desfase que se genera entre los ingresos del sistema eléctrico por la vía de los “peajes” y los costes reconocidos del sistema -transporte, distribución, primas a las renovables y ayudas al carbón, entre otros-.
Sin embargo, según el Gobierno, este año las cuentas estarán equilibradas gracias a la aportación de partidas extraordinarias, como un crédito de 2.200 millones de euros para financiar renovables, el traspaso de los costes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y los ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2.
El objetivo del Gobierno es que, en los próximos ejercicios, los peajes sean suficientes para retribuir los costes regulados sin necesidad de partidas extraordinarias.
Para ello, ha adoptado una serie de medidas y trabaja en una nueva reforma energética, prevista para junio.
Sobre esto, Brentan ha dicho que espera que la normativa de junio incluya propuestas para continuar atajando el déficit de tarifa, pero que “no podemos llamarlo reforma”.
La verdadera reforma llegará a final de año, ha señalado Brentan, que ha apuntado a posibles cambios en el funcionamiento del mercado mayorista o “pool”, la retribución a las renovables o la liberación del mercado.
Por otro lado, el consejero delegado de Endesa ha calificado de “discriminatorio” el proyecto de ley para impulsar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
El proyecto de ley, actualmente en trámite parlamentario, contempla medidas para fomentar la competencia en los sistemas extrapeninsulares y el traspaso de la titularidad de las centrales de bombeo y regasificadoras a los operadores del sistema, Red Eléctrica y Enagás, respectivamente.
Unas medidas que, a juicio de Brentan, no elevarán la competencia en las Islas sino los costes del sistema y que crearán un conflicto de intereses en Red Eléctrica, ya que un operador de sistema no puede tener generación.
Confiamos, ha señalado Brentan, en aumentar el dialogo con el Gobierno y en que durante el trámite parlamentario se puedan introducir mejoras en la normativa.