El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantiene la petición de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y para Rafael Spottorno, expresidente de la Fundación, por el uso de las tarjetas 'black', pero rebaja la solicitada a otros 18 de los 65 exaltos directivos que hicieron uso de los plásticos y que devolvieron lo gastado.
El Ministerio Fiscal ha aplicado ahora el atenuante de reparación del daño para Ildefonso Sánchez Barcoj, José Manuel Fernández Norniella, Luis Blasco, Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio de Navasqües, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala. La razón es que devolvieron el dinero una vez comenzado el juicio, por lo que la rebaja no se les pudo aplicar en el escrito provisional de la Fiscalía.
Todos ellos forman parte de cerca de unos cuarenta exaltos directivos -entre ellos Blesa y Rato- que han devuelto a Bankia y al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre julio y septiembre las cantidades gastadas con sus plásticos. En concreto, la Audiencia Nacional había recuperado a finales de julio un total de 1,7 millones, una cantidad alejada de los 12,5 que gastaron. Luzón no ha rebajado la pena a aquellos acusados que consignaron la cantidad, pero no la han devuelto todavía.
Blesa, Rato y Spottorno no se han beneficiado de esta rebaja de las penas. Los dos primeros se enfrentan a seis y cuatro años de cárcel respectivamente, y el tercero a dos años de prisión. El fiscal entiende que, aunque han devuelto lo que se gastaron, esa acción no es suficiente para atenuar el daño que hicieron a la entidad.
Gastos no autorizados
El fiscal ha anunciado además que rebaja la indemnización que reclama a los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda, y José María Arteta porque, según ha explicado, determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismos y por tanto entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a estos cuatro acusados.
El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo dirime si los encausados concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por los 12,5 millones de euros que gastaron con sus plásticos entre 2003 y 2012 --los anteriores habrían prescrito-- en joyas, viajes, artículos de lujo y objetos personales.