La asociación sectorial afirma que esta medida tendría un impacto sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo.
En este sentido, defiende que una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros.
Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que de tramitarla vía orden ministerial, el ministro Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento.
Por ello, el sector fotovoltaico considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto.
Por último, desde UNEF insisten en que el ahorro de este nuevo recorte para el consumidor no será significativo, ya que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012.