Con esta política, el Ejecutivo pretende, por un lado, hacer frente a los retos de la Política Agraria Común (PAC) en cuanto a las orientaciones sectoriales, a las crecientes inquietudes medioambientales y a las exigencias de calidad de las producciones y procesos y, por otro, realizar adaptaciones en determinados sectores para asegurar su supervivencia en algunas zonas del país.
Cerca del 80,97% de esta política, 6.203,91 millones de euros, un 3,4% menos que la del presupuesto anterior, se destinará a la regulación de los mercados agrarios.
Las subvenciones a la producción agraria, que cuentan con aportaciones de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía (FEAGA), pretenden evitar que los precios en origen desciendan por debajo de determinados límites y que los precios al consumo superen cotas “no deseables”, procurando que la oferta se adapte a la demanda.
Por su parte, los programas dedicados al desarrollo rural sostenible tienen una dotación prevista de 1.028,03 millones de euros, un 33% inferior a la de este año. De esta forma, el Gobierno pretende impulsar las zonas rurales con un doble objetivo: prestar unos servicios públicos suficientes y de calidad y mejorar la situación socioeconómica de la población de estas áreas.
El Ejecutivo aportará además 115,5 millones de euros al desarrollo de actuaciones relacionadas con la calidad de las producciones agrícolas y ganaderas, a la orientación a las nuevas demandas de la sociedad dentro de un marco de sostenibilidad de estos sectores, así como a la mejora de la industrialización y comercialización agroalimentaria.
RECORTES DEL 20,8% EN PESCA.
Al medio marino y pesca, el Gobierno destinará 62,29 millones de euros para la mejora de las estructuras y mercados pesqueros y la protección de los recursos pesqueros, un 20,8% menos.
Por último, la política de regadío contará con una dotación de 47,24 millones de euros y la previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras con 204,9 millones de euros.