El Gobierno brasileño decidió hoy pagar, antes de finalizar el año, las deudas con los bancos públicos, una morosidad que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) consideró como maquillaje del informe contable del Ejecutivo y dio pie para un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
El secretario interino del Tesoro Nacional, Otávio Ladeira, indicó este lunes en la capital brasileña que los pasivos se pagarán con recursos de las reservas internacionales del país y una parte menor, como la referente al estatal Banco do Brasil, con la emisión de nuevos títulos públicos.
Se calcula que el Gobierno debe unos 57.000 millones de reales (unos 14.763 millones de dólares) a los bancos públicos, los que sin recibir esa cantidad honraron compromisos del Ejecutivo, en especial con programas sociales, lo que fue entendido por el Tribunal de Cuentas como un “maquillaje fiscal” y por eso rechazó el informe contable.
La maniobra permitió que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptara el inicio de un proceso para dar vía libre o no un juicio político con fines de destitución contra Rousseff.
Para tomar la decisión de efectuar el pago esta misma semana pesó el hecho de que el Banco Central deberá incluir esas deudas en la contabilidad de este año.
Existe, además, una previsión legal para honrar esa deuda al incluirla dentro de la meta de déficit fiscal para este año de 119.000 millones de reales (unos 30.821 millones de dólares) y en caso de incumplir el pago el Ejecutivo deberá negociar nuevamente los valores con el Congreso.
“Estamos trabajando para pagar todos los pasivos apuntados por el TCU este año. Es la solución más sabia, porque tenemos en cuenta que hay un espacio fiscal, de presupuesto y financiero creado para eso. Es la estrategia más correcta ”, apuntó Ladeira.
Igualmente, el Gobierno publicó hoy en el Diario Oficial de la Unión la reducción de 24 a 6 meses del plazo para pagar las deudas con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que deberá ser saldada hasta el 30 de junio de 2016, como fue estipulado por el Tribunal de Cuentas.
Paralelo al anuncio del Tesoro Nacional, Rousseff se reunió hoy por primera vez de manera conjunta con el nuevo equipo económico de su Gobierno desde que asumieron el pasado 21 de diciembre como ministros Nelson Barbosa (Hacienda) y Valdir Simão (Planificación).
También participaron del encuentro los ministros de Presidencia, Jaques Wagner, y de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Berzoini.
Antes de la reunión con el equipo económico, Barbosa se encontró en Brasilia con diez de los 27 gobernadores del país, quienes le presentaron varias peticiones de los Gobiernos regionales al Ejecutivo.
Entre los varios pedidos están la solicitud de un cambio en la reglamentación para que los seguros médicos privados paguen por los servicios prestados a sus afiliados en la red pública de salud y la modificación de los parámetros de indexación de las deudas de los estados.
Esos cambios para la nueva indexación fueron aprobados por el Congreso en junio para entrar en vigor en enero de 2016, pero hasta ahora no se ha publicado la ley que reglamenta las modificaciones.
La conducción económica del Gobierno fue hoy criticada por el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, quien en el sitio en internet del colectivo político pidió a Rousseff una mayor “concentración en la construcción de una agenda” que le devuelva la “confianza” a la “población”.
Falcão cuestionó a la oposición por sus “intentos golpistas”, pero endosó su confianza en Barbosa y Simão, quienes ahora comandan el equipo económico de Rousseff en sustitución de Joaquim Levy, que era el nombre preferido por el mercado pero tenía resistencia dentro de los movimientos sociales y una gran parte del propio PT.
“Confiamos en que ellos den cuenta de la tarea, cambiando con responsabilidad y osadía la política económica”, puntualizó Falcão.