Barcelona, 14 jun (EFE).- El Gobierno tiene previsto aprobar mañana martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana que regula los precios del alquiler alegando que vulnera competencias estatales, pero no pedirá la suspensión automática de la norma.
Así lo han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que destacan que, de esta forma, la norma catalana seguirá vigente hasta que se apruebe la ley estatal de alquileres o hasta que el TC resuelva.
El Parlament aprobó el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en la comunidad gracias al “sí” de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, impulsores de la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat.
Entre las medidas que contiene esta norma figura la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión” residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes.
Quedan exentos de esta obligación los arrendadores “vulnerables”, considerándose como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.
Ya en su momento, PSC-Units, Cs y PPC se opusieron a la ley porque un organismo consultivo catalán había advertido de que varios de sus artículos vulneraban competencias estatales.
Los populares fueron los primeros en impugnar la norma ante el TC y la semana pasada el Gobierno abrió la puerta a hacerlo propio, ya que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, defendió que si sus servicios jurídicos consideran que una ley catalana vulnera el marco competencial, el Ejecutivo está obligado a interponer recurso al respecto.
La diferencia entre ambos recursos es que el Gobierno tiene capacidad para solicitar la suspensión automática de la norma recurrida, algo que finalmente no hará tras haber recibido numerosas presiones para que desistiera de impugnar la norma, algunas de ellas por parte de sus socios de coalición de Unidas Podemos.