El Gobierno prepara un nuevo real decreto ley de medidas urgentes del sector energético que busca impedir a las eléctricas que especulen con el agua y, en concreto, con las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo, plantas que, además de generar energía, tienen la capacidad de bombear agua para almacenarla en un embalse o depósito superior para volver a producir electricidad cuando así lo requiere la demanda.
El borrador del decreto de Medidas Urgentes en Materia de Cambio Climático y para el Establecimiento de un Marco de Certidumbre y Equidad en la Transición a una Economía Descarbonizada, al que ha tenido acceso Cinco Días, otorga la gestión de estas plantas al operador del sistema, Red Eléctrica (REE), cuyo mayor accionista es el Estado con el 20%.
El borrador establece, en el artículo relativo a “la integración de las renovables en el sistema eléctrico”, que “el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para la generación eléctrica tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema”.
Para ello, el Gobierno promoverá este tipo de centrales y, “reglamentariamente, establecerá los mecanismos que permitan al operador aplicar una estrategia de bombeo y turbinado para maximizar la integración de renovables”.
El mayor exponente de estas centrales en España es la central de Cortes-La Muela (Valencia), de Iberdrola, cuya ampliación se inauguró en 2013, con una potencia instalada de 1.772 megavatios que la convierten en una de las diez mayores del mundo, según un reciente ranking elaborado por El Periódico de la Energía.
REE viene reclamando esta función desde hace años, pese a que actualmente no está recogida en las competencias que la UE otorga a los operadores y transportistas de electricidad, conocidos como TSOs. Según Cinco Días, en el marco del debate sobre las directivas del llamado Paquete de Invierno, el Gobierno español ya ha planteado a la UE encomendar esta potestad a los operadores y transportistas. La medida, añade el diario económico, ha propiciado un profundo malestar en las empresas del sector.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya avanzó en septiembre pasado en el Congreso su intención de “regular ordenadamente el almacenamiento” de electricidad, una cuestión “que en época de transición es clave, que ha sido poco tratado hasta el momento y que creemos de interés público suficiente como para actuar al respecto”.
“El almacenamiento de energía es un eje estratégico para la gestión óptima y ofrece la seguridad que necesita el sistema eléctrico, tiene un papel central como modulador del cambio frente a otras formas de respaldo”, indicó Ribera.
La ministra enmarcó esta nueva regulación en la “reforma estructural del mercado” eléctrico que prepara. Entre las medidas que están en estudio figura la de implantar un precio fijo a la producción hidráulica y nuclear. La ministra también ha expresado su deseo de aprovechar las concesiones hidráulicas que vayan caducando en beneficio del consumidor y el sistema.