Una cuota mínima de autónomos de 90 euros al mes y una máxima de 1.220 euros mensuales. Es la propuesta del Gobierno a los agentes sociales sobre el futuro sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales, que incluye 13 tramos de renta y cotización diferentes, tal y como consta en un borrador que ha adelantado la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de un documento que se está negociando y, por tanto, susceptible de cambiar en el futuro. Estos nuevos tramos de cotización del sistema por ingresos se alcanzarían de forma progresiva, a lo largo de nueve años. El primero en el que se empezará a implantar el nuevo sistema de cotización es 2023.
El borrador que recoge la propuesta del Ejecutivo forma parte de la negociación abierta para reformar el sistema público de pensiones. El Ministerio que dirige José Luis Escrivá está ultimando con los agentes sociales el primer bloque de medidas de esta reforma, que afecta a la revalorización anual de las pensiones según el IPC, a los cambios en la jubilación anticipada, la demorada y la eliminación de la forzosa, entre los más importantes. Escrivá apuntó este martes que confía llegar a un acuerdo con los sindicatos y empresarios de manera “inminente” en estas primeras medidas.
Pero la reforma de pensiones incluye muchos más puntos, como recoge el documento enviado a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Entre ellos, se encuentra la transformación del actual sistema de cotización de los autónomos (elegible) a otro mecanismo en el que los autónomos aporten a la Seguridad Social en función de sus ingresos, como ocurre con los asalariados.
Esta es además una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, para transitar a una aportación más justa de este colectivo de trabajadores, de 3,3 millones de personas. En la actualidad, el 86% de los trabajadores autónomos cotizan por la cuantía mínima posible, según la Seguridad Social. Eso determina también una protección social más escasa para estas personas, como se puede ver en las pensiones y se ha comprobado en la prestación de 'paro' por cese de actividad de los autónomos, cuyas cuantías dependen de lo que haya cotizado el trabajador.
Trece tramos de renta y cotización
La propuesta del Ejecutivo divide a los autónomos en 13 tramos de renta: el de menos ingresos es de 3.000 euros al año y el que más gana, de más de 48.841 euros anuales. En función del escalón de ingresos de la persona trabajadora por cuenta propia así contribuirá con una determinada cantidad a la Seguridad Social. Se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización (entre las trece disponibles) en función de sus previsiones de rendimientos y con la posibilidad de modificar su elección “seis veces” a lo largo del año.
El Gobierno pretende que la reforma legal de la cotización de los autónomos esté aprobada a mediados de 2022, año en el que ya se quieren incluir algunas obligaciones para los trabajadores por cuenta propia en materia de información de sus ingresos. Sin embargo, el primer año de aplicación previsto con efectos económicos es 2023. Es decir, que los autónomos no comenzarán a cotizar según sus ingresos hasta ese año, como confirmó ayer el ministro Escrivá, lo que supone que el Gobierno atrasa un año su entrada en funcionamiento respecto al periodo barajado inicialmente.
El Ministerio de la Seguridad Social propone que ese primer año la cotización mínima sea de 200 euros al mes, para aquellos que ganan menos de 3.000 euros al año. La cotización para los que ganan más de 48.841 euros anuales sería de 400 euros mensuales. Este planteamiento ya supondría un ahorro para los autónomos con menos ingresos, ya que el mínimo de cotización actual de los trabajadores por cuenta propia es de 289 euros al mes.
La propuesta contempla un periodo de transición hasta completar la implantación del sistema por ingresos reales de nueve años. Pasado ese plazo, en 2032, el sistema de cotización por tramos tendría una aportación mínima de 90 euros al mes para los autónomos que menos ganan y de 1.220 euros mensuales para aquellos autónomos con ingresos superiores a 48.841 euros anuales.
El despliegue progresivo “hasta un máximo de nueve años” que plantea el Gobierno incluye “revisiones periódicas cada tres años” en las que el Gobierno, las organizaciones de autónomos y los agentes sociales podrían acordar “la aceleración del calendario”.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social rechazan pronunciarse sobre el borrador y recuerdan que aún está abierto el diálogo social sobre la reforma de las pensiones y sobre el futuro sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, por lo que todavía no están cerradas ambas cuestiones.
Jubilación anticipada de las pensiones más altas
El borrador enviado por el Gobierno a los agentes sociales recoge otros puntos de la reforma de pensiones más conocidos, como el mecanismo de revalorización de las pensiones según el IPC. El Ministerio de la Seguridad Social ya cedió en este tema, al asumir que en los años en los que el IPC es negativo las pensiones no bajarían y los pensionistas ganarían poder adquisitivo. Al inicio, el ministro Escrivá quería que los pensionistas 'devolvieran' al sistema esa ganancia por encima de los precios en los tres años siguientes, con menores incrementos en esos ejercicios.
No obstante, el Ejecutivo propone que el Gobierno y los interlocutores sociales realicen “una evaluación periódica cada cinco años” de los efectos de la revalorización anual de las pensiones, de la que informen al Pacto de Toledo. Esta “contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación” para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, recoge el borrador.
Entre las novedades más destacadas de este último documento figura la propuesta del Ejecutivo para aplicar el endurecimiento de la jubilación anticipada en las pensiones más altas, una de las cuestiones sobre las que todavía no existe acuerdo en el diálogo social. El Gobierno apuesta por que el cambio en los coeficientes reductores para este colectivo de pensiones más elevadas se aplique de manera progresiva a lo largo de 12 años.
¿Cuándo arrancaría este periodo de 12 años y se empezaría a penalizar más? El Ejecutivo plantea que sea a partir de “la determinación posterior” de la senda de subida de la pensión máxima, una fecha que aún no se ha concretado. El Gobierno quiere ampliar el máximo por el que cotizan los trabajadores, así como la pensión máxima, en el segundo bloque de la reforma de pensiones. La idea es aprobar esta medida antes de que termine 2022, pero no se ha concretado cuándo se quiere poner en marcha. Eso sí, se hará de manera muy progresiva, a lo largo de 30 años.
José Luis Escrivá ha defendido esta mayor penalización de la jubilación anticipada de las pensiones más altas, ya que entiende que el actual sistema es “injusto”. Ahora, los porcentajes de recorte en la pensión (coeficientes reductores) se aplican sobre la base reguladora de la pensión, de manera que los trabajadores con salarios más altos casi no se ven afectados. ¿Por qué? Porque la base máxima de cotización está muy por encima de la pensión máxima (4.070 euros al mes en el Régimen General y 2.707,49 euros en 2021, respectivamente) de manera que estos porcentajes reductores impactan menos en la pensión efectiva que perciben los trabajadores de salarios más elevados.
El Gobierno pretende que los coeficientes reductores se apliquen en la cuantía de la pensión, no en la base reguladora, para que se equipare su impacto entre los trabajadores con mayores y menores salarios. Los agentes sociales, también los sindicatos, recelan de esta medida ya que recuerdan que los trabajadores con salarios más altos ya tienen un recorte en su pensión al establecer la pensión máxima, por lo que piden que esta reforma vaya unida a la subida de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima.
Para el común de los futuros pensionistas, quitando estos de salarios más elevados, la reforma de la jubilación anticipada pretende retrasar en algunos meses (básicamente dos) el retiro anticipado. Como se puede ver en las tablas de este artículo, la propuesta del Gobierno aumenta las penalizaciones en los dos primeros meses en que se puede acceder al retiro anticipado, pero los reduce después, para intentar que las personas interesadas en esta opción demoren un poco su salida del mercado laboral. Los coeficientes reductores vuelven a endurecerse en los tres meses anteriores a la edad legal de jubilación, con el objetivo de que el trabajador espere esos meses a jubilarse.
La Seguridad Social plantea prohibir finalmente la jubilación forzosa de trabajadores con menos de “68 años”. Para los convenios colectivos que tengan ya cláusulas en este sentido, estas podrán aplicarse mientras los convenios sigan vigentes. Por otro lado, con el objetivo de favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo, el Ejecutivo propone una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante las bajas (incapacidad temporal) de los trabajadores a partir de “62 años”.