Hacienda flexibiliza las reglas fiscales para que las comunidades puedan gastar su superávit en inversiones sostenibles

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles en 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas en el ámbito de la vivienda. El texto también permitirá que ocho comunidades movilicen 4.000 millones de euros procedentes de ahorros de años anteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que la medida es una muestra más del compromiso del Gobierno con las cuentas de las comunidades autónomas y, por tanto, del apoyo al Estado del Bienestar, ya que son las regiones quienes gestionan competencias como Educación o Sanidad. “El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas”, ha dicho en la rueda posterior a la reunión semanal del gabinete.

En concreto, la norma aprobada este martes, que entrará en vigor de manera inmediata pero que tendrá que ser convalidada en 30 días por el Congreso, permitirá que aquellas comunidades autónomas que cerraron 2025 con un superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones consideradas “financieramente sostenibles” durante 2026 y 2027. Entre otras, en áreas como la política de vivienda.

El texto también autoriza a que ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits presupuestarios de años anteriores a inversiones que no computarán a efecto del cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Financiera lo que fija en la actualidad es que destinen esos ahorros a amortizar su endeudamiento. Estas ocho comunidades son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

Según España, esta última medida permitirá 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio. “El Gobierno es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto y establece medidas también que son muy beneficiosas”, ha dicho.

Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por el volcán en 2021.

Defiende el modelo de financiación

El ministro ha querido apuntalar la norma aprobada este martes con el apoyo financiero que está dando el Ejecutivo a las comunidades autónomas, a pesar de no haber sido capaces de aprobar unos Presupuestos. Así, ha puesto el ejemplo de los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda. O el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica, así como la propuesta para reformar la financiación autonómica, que el viernes pasado aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, España ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: “¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?”. Y ha señalado directamente a las regiones presididas por los populares: “Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos”.

“Que miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia”, ha zanjado.

Sobre las negociaciones del modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser “desleales”. El ministro ha dicho que cuando los gobiernos regionales del PP “tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos”, escogen al líder popular “por intereses puramente partidistas”. “Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas”, ha incidido el titular de Hacienda.