Un estudio de la ONG Amigos de la tierra sostiene que, con un apoyo normativo e institucional adecuado, las denominadas comunidades energéticas podrían llegar a cubrir en 2030 el 60% de la demanda eléctrica en España y el 100% del consumo de los sectores doméstico y terciario.
El informe sobre El potencial de las Comunidades Energéticas en el Estado español se presenta este jueves con la participación del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) del Ministerio para la Transición Ecológica. El documento calcula que en 2030 España podría lograr una producción de 148.610 GWh al año con la creación de 8.245 comunidades de energía que supondrían una inversión total de 98.389 millones de euros.
Esa inversión generaría “a familias, empresas y entidades públicas un total de 9.855 millones de euros en ahorros”, debido a la reducción de energía importada de la red, y 5.762 millones en ingresos, como resultado de la venta de los excedentes generados.
Para calcular ese potencial, el informe estima que, de los 8.131 municipios existentes en el Estado, “al menos habría una comunidad por municipio (1 por municipio rural en 7.886 poblaciones y 1,4 en 347 municipios urbanos)”. Cada comunidad contaría con un mix energético de fotovoltaica, mini eólica y biomasa a pequeña escala y con ella “cubriríamos lo que equivale a casi el 100% de la demanda eléctrica de los sectores doméstico y terciario”.
El ahorro de emisiones netas (considerando el impacto provocado a lo largo del ciclo de vida de las instalaciones de generación) sería “de 17 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Lo mismo que dar la vuelta a la Tierra en coche 7,2 millones de veces”.
Potencial en el mundo rural
El informe destaca el especial potencial que estas comunidades tienen en el mundo rural, con iniciativas como el proyecto piloto Hacendera Solar que ha puesto en marcha Red Eléctrica este año en Castilfrío de la Sierra (Soria).
La ONG apunta que en los casos en que se establezcan en zonas con suficiente disponibilidad de biomasa, “se podría alcanzar la autosuficiencia energética de la localidad añadiendo sistemas de cogeneración de biomasa a las instalaciones fotovoltaicas y eólicas”, que añadirían la componente “modulable” del combustible para los periodos en los que esas otras dos fuentes no permitan cubrir el consumo.
Amigos de la Tierra insta a las Administraciones a “establecer un objetivo del 40% del potencial total identificado de energía generada mediante comunidades energéticas, es decir, 59.444 GWh, para 2030, y del 50% para energía fotovoltaica en tejados y cubiertas, 46.486,5 GWh”. Y pide medidas para hacerlo posible, incluyendo apoyo financiero.
El estudio tiene en cuenta una distancia máxima de 2 kilómetros desde el punto de generación hasta el consumo, y no de 500 metros, como ahora, límite que reclama suprimir por ser uno de los aspectos que “obstaculiza” su despliegue en barrios, ciudades o pueblos. Y reclama un sistema de reparto del autoconsumo colectivo con coeficientes dinámicos, y no estáticos, para que se consuma la máxima energía posible en el instante que se genera y evitar que se vierta a la red como excedente, teniendo en cuenta la demanda real de cada participante.
El informe recomienda colocar paneles solares “en todos los tejados y cubiertas de la geografía española que son susceptibles de dicha instalación”. En un escenario de “alta implementación”, aportarían 93.000 GWh para 2030, de los que el 70% se consumiría de manera instantánea y el resto se vertería a la red como excedente, y permitirían cubrir “casi el 60%” de la demanda de los sectores doméstico y terciario, con un ahorro de 12.365 millones de toneladas de CO2 equivalente, “lo que equivale a dar la vuelta a la tierra en coche 5 millones de veces o viajar de la Tierra al Sol 433 veces”.
Las comunidades energéticas son un paradigma de socialización y democratización de la energía. A través de fuentes renovables, permiten implicar a la ciudadanía en la gestión de su energía, desde la generación a la distribución, la gestión de la demanda y el consumo, aprovechando, “en la medida de lo posible, los recursos locales de que disponen (energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, etc.), con el fin de aumentar su autonomía energética y disminuir la dependencia de suministros externos”, recuerda el informe. En enero, Transición Ecológica abrió una consulta pública para recabar propuestas e iniciativas vinculadas con las comunidades locales y definir las líneas estratégicas de actuación del Plan de Recuperación en este ámbito.
“Dentro de un sistema de generación distribuida, las Comunidades Energéticas constituyen un caso particular de unidades locales de producción, en las que las instalaciones de generación son, al menos en parte, de propiedad colectiva”, destaca Amigos de la Tierra. Con algunas experiencias en marcha en España, se encuentran “en una fase temprana de desarrollo e implantación”, entre otras cosas, porque la legislación asociada “todavía no está desarrollada”, aunque aparecen mencionadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Gobierno las reguló por primera vez hace un año.
El PNIEC marca una penetración de las energías renovables en la generación eléctrica del 74% en 2030. Según Amigos de la Tierra, “existe capacidad para que sea del 100%, atendiendo a la ciencia que nos dice que esta década es decisiva para poder alcanzar la neutralidad climática”.