La subasta de las licencias para la televisión privada griega entró hoy en su segunda jornada, sin que haya trascendido información desde el centro en el que están reunidos a puerta cerrada los candidatos.
La portavoz del Gobierno, Olga Yerovasili, señaló en unas declaraciones a los medios que la subasta está evolucionando “sin problemas”, de acuerdo a las reglas “conocidas por todos” y con plena transparencia y objetividad en el proceso de selección.
En total ocho empresas compiten por hacerse con una de las cuatro licencias que habrá en el futuro, de las cuales cuatro ya son cadenas existentes (Star, ANT1, Skai y Alpha) y cuatro son de nueva creación, propiedad, entre otras, del magnate rusogriego Ivan Savvidis, de un armador y de un constructor.
Del proceso había quedado excluido pocas horas antes de empezar la subasta un ofertante que no presentó el aval bancario en las condiciones requeridas.
De antemano habían quedado fuera de la carrera la cadena privada más antigua de Grecia, Mega, por problemas financieros, así como el canal del político derechista griego Yorgos Karatzaferis, por no haber pagado la tasa de 30.000 euros, condición necesaria para participar en la subasta.
Entre los requisitos fijados por el Gobierno figuraba la obligación de disponer de un capital propio de 8 millones de euros, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social, disponer de instalaciones adecuadas, asegurar un número mínimo de puestos de trabajo y respetar la legislación laboral.
El precio inicial de la subasta es de 3 millones de euros, y se calculaba que la duración de cada licitación sería de hasta doce horas, por lo que los resultados finales no se conocerán previsiblemente hasta bien entrada la noche o mañana, jueves.
Yerovasili recordó que una vez finalizada la subasta habrá un periodo de adaptación de 90 días, tanto para la puesta en marcha de la operatividad de las nuevas cadenas como para la desconexión de las que han quedado fuera de la subasta.
Transcurridos esos tres meses, Digea, la empresa encargada de la retransmisión de señales, procederá a desconectar los canales que no tienen permiso.
Las cadenas que obtengan una licencia deberán abonar la tercera parte del precio en un plazo de treinta días, el siguiente tramo transcurrido un año y el último en dos años.
Yerovasili recordó que con ello se pondrá fin a un periodo de 27 años en los que las cadenas privadas funcionaron sin pagar derechos de emisión y con licencias caducadas.
Por ahora no hay una imagen clara de lo que ocurrirá con las televisiones que queden fuera del mercado abierto, si tendrán que cerrar, si se integrarán en las dos plataformas de pago que existen o si participarán en futuras subastas.
El Gobierno ha anunciado que próximamente lanzará una licitación similar para televisiones privadas regionales y en un futuro para canales temáticos.
La subasta ha sido duramente criticada por partidos, canales y hasta por la Comisión Europea por no haber dejado este asunto en manos del Consejo Nacional de Radiotelevisión, un órgano que no ha sido constituido todavía porque la oposición lo bloquea.
La oposición ha justificado su boicot con el hecho de que, de por sí el Gobierno se había atribuido de antemano la competencia de decidir sobre el número de licencias, algo con lo que a su juicio persigue asegurarse el control de los medios.