El Gobierno luxemburgués decidió hoy recurrir la decisión de la Comisión Europea de finales de octubre cuando dijo que el Gran Ducado había dado ventajas fiscales selectivas a Fiat y le exigió recuperar entre 20 y 30 millones de euros por los impuestos no pagados por la multinacional.
El Ejecutivo del primer ministro, Xavier Bettel, explicó en un comunicado que su objetivo es obtener “claridad jurídica y previsibilidad” para la práctica de las resoluciones tributarias, a las que recurren “la gran mayoría de Estados miembros de la Unión Europea (UE) para dar al contribuyente una seguridad jurídica”.
Luxemburgo considera que, en su decisión, la Comisión Europea (CE) ha utilizado “criterios inéditos para establecer una presunta ayuda de Estado, poniendo en consecuencia en duda el principio de la seguridad jurídica”, indicó el Gran Ducado.
“En particular, la CE no ha establecido de ninguna manera que Fiat haya recibido ventajas selectivas dentro del significado del artículo 107 del Tratado sobre el Funcionamiento de la UE”, sobre ayudas de Estado, afirma el Gobierno de Bettel.
El Estado luxemburgués, reiteró el Gobierno “está fuertemente comprometido con la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal perjudicial, y se adhiere plenamente al proyecto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G20 para combatir la Erosión de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios” (BEPS, en inglés).
Según la CE, el año pasado Fiat no pagó ni siquiera 400.000 euros en el impuesto de sociedades.
Las ventajas fiscales concedidas en 2012 por Luxemburgo a Fiat afectan al negocio financiero del fabricante automovilístico, Fiat Finance and Trade.
El Ejecutivo comunitario calcula que la multinacional tendría que haber declarado en Luxemburgo beneficios imponibles “20 veces más elevados” si los cálculos sobre capital y remuneraciones se hubieran correspondido con las condiciones del mercado“ y se hubieran calculado como se hace, por ejemplo, con los bancos.
Fiat ha asegurado que no ha recibido “ninguna ventaja que no estuviera a disposición de contribuyentes simulares” en Luxemburgo, y que el propósito del acuerdo con el Gran Ducado era “únicamente aclarar las normas de transferencias de precios” aplicadas a las actividades financieras de su filial.