Madrid, 14 ene (EFE).- Los cinco ministros de Sumar que forman parte del Gobierno rechazan en una tribuna conjunta lo que denominan “regalos” fiscales a los propietarios de viviendas y aseguran que se trata de una política ineficaz e injusta y que el PSOE se equivoca “profundamente” en la solución que plantea, que no van a aceptar.
En una tribuna publicada este miércoles en el diario El País, los ministros señalan que la vivienda es hoy la “gran máquina” de producir desigualdad en España y que los avances en esta materia son el gran reto de la legislatura.
“Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances”, señalan la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y las titulares de Sanidad, Mónica García, y Juventud e Infancia, Sira Rego.
Además, aseguran que la Ley de Vivienda no se está cumpliendo, que los precios siguen subiendo y que “el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión” ya que “hay mucho que se puede hacer”.
“Debemos acabar con la compra especulativa y prorrogar los alquileres para defender el derecho a la vivienda”, insisten, y recalcan que el objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad.
Los ministros señalan que en los 50 años de democracia ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar el problema de la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario.
“No actuar es un lujo que no podemos permitirnos”
Por ello, insisten en prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer. Este año 2026 son 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a unas 2,7 millones de personas, indican desde Sumar.
Esta formación defiende que es una medida constitucional que ya se aplicó con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
Los ministros también piden poner fin a la compra y tenencia de viviendas con fines especulativos, una práctica que califican de insostenible.
De forma complementaria a estas dos medidas urgentes, subrayan que se necesita reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de viviendas y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1 % del PIB anual para acercar el parque público a la media europea.
“Si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos”, indican.
“El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando”, destacan en el documento conjunto.