El sector público español gana peso en las grandes cotizadas y ya roza la docena de participadas

El sector público gana posiciones en grandes empresas cotizadas a través del Estado y del Gobierno vasco, muy activo en los últimos años a través del fondo Finkatze Kapitala Finkatuz S.A. (Instituto Vasco de Finanzas). El recuento de participaciones de cierta relevancia en cotizadas de entidades públicas con sede en España puede alcanzar en breve la docena de grandes compañías y la tendencia podría ampliarse en breve.

En la actualidad, ocho firmas del Ibex y tres del Mercado Continuo, con una plantilla global conjunta de más de 306.000 empleados, tienen participación del Estado o del de Finkatuz, muy activo en los últimos años. La siguiente en esa lista puede ser Azkoyen, también con ese fondo del Gobierno vasco como protagonista.

El fabricante navarro de máquinas automáticas ha sido objeto de una oferta pública de adquisición (opa) valorada en 244,5 millones de euros que lidera el empresario José Antonio Jainaga (presidente a su vez de Talgo y Sidenor) a través del consorcio Ohmnia, en el que participa desde 2025 Finkatuz, que significa “afincar” en euskera.

Ohmnia actualmente emplea a unas 1.000 personas. Se enfoca en el segmento de electrónica y metálica para sectores como la energía, salud, defensa o ferrocarril. Su oferta por Azkoyen (10 euros por acción en efectivo), no solicitada, era en el momento de anunciarse en julio inferior a la cotización del grupo navarro. Ha sido calificada como “amistosa” por el consejo de administración de la compañía opada. El primer accionista de Azkoyen (29,6%, al borde del umbral que obliga a lanzar a una opa) es Inverlasa, de los multimillonarios Ruiz Lafita, fundadores de la quebrada ingeniería Eurofinsa (habitual de las listas de morosos de Hacienda) y muy vinculados al ladrillo madrileño.

La oferta de Ohmnia está supeditada a una aceptación de más del 50% del capital de Azkoyen y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció su visto bueno a la propuesta el pasado lunes. De prosperar, la operación daría lugar a un grupo con más de 2.000 empleados y más de 400 millones de facturación. Finkatuz no ha precisado cuál es su participación en Ohmnia y por ahora se desconoce cuál sería su paquete en la empresa resultante.

De cuatro a ocho firmas

La operación llega en un contexto de progresivo del peso de entidades públicas en la Bolsa española. Desde 2011 se ha duplicado el número de compañías con participación del Estado en el Ibex 35, el índice que aglutina a la elite empresarial española: de cuatro firmas hace tres lustros (Ebro Foods, Enagás, IAG y Red Eléctrica) a las ocho actuales.

En 2012 llegó el rescate de Bankia, absorbida en 2021 por Caixabank, en la que el Fondo de rescate bancario (FROB) mantiene un 18%. En 2013, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compró el 20% que tenía la antigua Caja Madrid en Indra. En 2015 Aena completó su salida a Bolsa (el Estado conserva la mayoría a través de Enaire). En 2022, con la invasión de Ucrania, SEPI subió su peso en Indra al 28% actual. Y en 2024 el Estado volvió a Telefónica (privatizada por José María Aznar en 1997) con un 10%, tras la inesperada entrada de Arabia Saudí con casi un 10%.

A estas ocho compañías del Ibex se suman tres del Mercado Continuo, con un relevante papel de Finkatuz. Este fondo se lanzó en 2021 para adquirir participaciones financieras en empresas estratégicas para el Gobierno vasco y garantizar su arraigo local. Su objetivo es frenar la deslocalización del tejido industrial y vincular a las empresas con el territorio, impidiendo la salida de los centros de producción y de decisión, tras la experiencia de Gamesa (adquirida por la alemana Siemens) o Euskaltel.

En 2025, el lehendakari vasco, Imanol Pradales, impulsó una “Alianza Financiera Vasca” con el objetivo de movilizar desde la colaboración público-privada 4.000 millones para la transformación económica e industrial de Euskadi, y se dotó a Finkatuz con 1.000 millones para reforzar la disposición inversora del Instituto Vasco de Finanzas. Finkatuz recibió del Ejecutivo vasco en 2025 otros 350 millones para nuevas operaciones. La entidad tiene algo más de un 6% de Arteche, fabricante de bienes de equipo para el sector eléctrico con casi 3.000 empleados en el que el Gobierno vasco participa desde 2015 y que en febrero pasado saltó del mercado de pymes (BME Growth) al Continuo.

Además, Finkatuz alcanzó en 2022 un 3% del fabricante de trenes CAF, en el que el Gobierno vasco era accionista desde 2017 con un 1,2%. A finales de 2025, junto a Jainaga, el fondo se convirtió en accionista de Talgo. Tiene un 7,8% y la SEPI cuenta con otro 7,9%, tras la reordenación del capital del fabricante de trenes como consecuencia de la salida del fondo Trilantic y la negativa del Gobierno central a autorizar la entrada de un grupo húngaro por sus vínculos con el entonces primer ministro, el ultraderechista Víktor Orban. Ese movimiento de nacionalización vino acompañado del traslado de la sede del histórico grupo ferroviario desde Las Rozas (Madrid) hasta Álava.

El fondo, cuyo nombre también se barajó para la entrada en una cotizada en problemas, Tubos Reunidos (en concurso de acreedores), participa en grandes compañías que no están en Bolsa como ITP Aero, Kaiku Corporación Alimentaria, la siderúrgica Arania (en la que ha comprado este año un 6,25%) o Ayesa Digital. En esta última entró a finales del año pasado y podría salir próximamente a Bolsa. Este escenario tampoco se descarta a medio y largo plazo para ITP, en la que Indra tiene un 9,5% y Finkatuz, un 6%.

El peso del Estado en grandes empresas españolas quedó muy mermado tras las privatizaciones de Aznar en los años 90, pero ha crecido sobre todo tras el shock sanitario y económico de la pandemia, que puso en el foco la autonomía estratégica en Europa y el denominado “capitalismo de Estado”, con más salvaguardas a la inversión exterior en empresas consideradas estratégicas. Las barreras comerciales por motivos de “seguridad nacional” se han triplicado a escala global en diez años, según un reciente informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

España estuvo durante años a la vanguardia de Europa en su afán privatizador, casi a la par de otros países como Portugal, que acaba de volver al capital de REN (dueña de la red de gasoductos y de alta tensión), tras comprar a Amancio Ortega su 13,7%, y conserva un 8,5% en la petrolera Galp. También cuenta con un pequeño paquete en el antiguo monopolio postal, CTT.

Los últimos datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) reflejan que a cierre de 2025 Administraciones Públicas de todo el mundo mantenían una participación del 4% en las cotizadas españolas, con un valor aproximado de 45.000 millones. La cifra es una décima menos que el año anterior, pero es la segunda más alta de los últimos 28 años (ver gráfico).

BME destacaba hace unos días la relevante presencia en el Ibex del fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, con 16.075 millones. Esta entidad no cuenta con lo que la CNMV denomina participaciones significativas (superiores al 3%), que deben publicarse en la web del regulador bursátil, pero tiene un peso relevante en grandes compañías. El fondo noruego cerró el primer semestre de 2026 con un 2,3% de Iberdrola, el 2,24% de Amadeus, un 2,17% de Sabadell o un 1,86% de Santander, entre otras muchas firmas del Ibex.

Entidades extranjeras de capital público tienen desde hace años una presencia muy relevante en la Bolsa española. Una muestra es el control del Estado italiano sobre Endesa, filial del grupo semipúblico Enel, que entró en la eléctrica hace casi 20 años. La gasista argelina Sonatrach tiene el 3,85% de Naturgy.

Por su parte, el fondo soberano de Singapur tiene un 7% de Cellnex y un 45% de la hotelera HIP, controlada por el gigante Blackstone, y que prepara su salida a Bolsa. Y Qatar es el primer accionista de Iberdrola (8,7%) e IAG (25%) y controla un 13,22% de Colonial, todas del Ibex. En IAG, el Emirato participa desde 2015 con un 10% inicial que elevó en 2016 al 20% y aumentó desde 2020.