Los países de la Unión Europea adoptaron hoy normas que refuerzan la información que tienen que recibir los inversores minoristas para tomar decisiones a la hora de comprar productos de inversión y de seguros, en su mayoría complejos y a veces tóxicos.
Los Veintiocho dieron luz verde definitiva a un reglamento que busca “mejorar la transparencia del mercado para los inversores minoristas”, de manera que se obliga a darles “la información que necesitan para tomar decisiones informadas”.
En concreto, el reglamento regula la transparencia en los productos preempaquetados de inversión minorista (PPIM o PRIIPs, por sus siglas en inglés), en concreto los fondos de inversión, los depósitos estructurados y los seguros de vida empaquetados con elementos de inversión.
“Los inversores minoristas a menudo se enfrentan a información confusa y demasiado compleja acerca de PPIM”, lo que hace que sea difícil evaluar los riesgos y costos de estos productos, según una nota de prensa del Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros.
Por ello, el reglamento exige que se den “documentos clave” a los inversores y establece normas uniformes sobre el formato y el contenido de los mismos, que deben favorecer la comprensión de la información.
En concreto, tendrán que incluir “la naturaleza y características del producto”, “si es posible perder capital”, “los costes y el perfil de riesgo del producto”, la “información sobre el rendimiento correspondiente”, así como si contribuyen a fines ambientales o sociales.
El reglamento no se aplica a los productos de seguros que no son de vida, los contratos de seguro de vida cuyos beneficios son sólo a pagar al fallecimiento o en el caso de incapacidad debido a una lesión, enfermedad o dolencia y los depósitos distintos de los depósitos y valores estructurados.
Tampoco a los planes de pensiones reconocidos oficialmente, los productos de pensiones cuya principal finalidad es proporcionar al inversor unos ingresos durante la jubilación, ni a los productos de pensiones individuales para las que se requiere una contribución del empleador.
Los nuevos requisitos se aplicarán pasados dos años de la entrada en vigor de la regulación y se llevará a cabo una revisión cuatro años después para tener en cuenta el desarrollo de los mercados, por ejemplo con la aparición de nuevos PPIM.