Vivienda duplica la subvención a las comunidades que aplican el tope a los alquileres hasta los 180 millones
El Gobierno ha aprobado este martes una subvención de 180 millones de euros a las 5 comunidades autónomas que aplican la Ley de Vivienda de 2023 y tienen, por tanto, topados los precios del alquiler. Es el doble de lo que ya anunció el ejecutivo en septiembre. El objetivo es “incrementar la oferta de vivienda asequible para reducir los precios del alquiler en los 317 municipios” que abarcan estos territorios, donde viven unos 9 millones de personas.
La mayoría de la subvención va destinada a Catalunya, con 119,4 millones para los 271 municipios tensionados, mientras que Euskadi contará con 31 millones para los 18 municipios tensionados y Navarra con 13,3 para 21 municipios. A Coruña y Santiago, municipios de Galicia, contarán también con una inyección de 10,2 millones de euros para políticas de vivienda, mientras que los 5 municipios de Asturias reciben 5,9 millones.
Este complemento previo al Plan Estatal de Vivienda servirá a las Comunidades Autónomas para construir o rehabilitar vivienda asequible o social, comprar suelo, desarrollar o urbanizar suelo, comprar vivienda usada para destinarla al alquiler social o asequible o cubrir impagos de renta de contratos de alquiler.
Además, tal y como avanzó este lunes Pedro Sánchez, el Ministerio dará un impulso a las residencias universitarias con una inversión de 45 millones para crear 2.000 nuevos alojamientos que faciliten el acceso a los estudiantes.
La Universidad Autónoma de Madrid, con una ayuda de 13,3 millones de euros, será la principal beneficiada por estas ayudas, mientras que la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, recibirá 8,1 millones. La Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, obtendrá 6,5 millones de euros y la de Burgos 5,9 millones. Castelló y la Universitat Jaume I, con 4,5 millones, la Universidad de Jaén, con 3,5 millones, y el Ayuntamiento de Lleida, que recibirá 2,9 millones, son el resto de beneficiadas por esta inyección.
La ministra ha expresado, preguntada sobre la huelga general del próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda su “respeto absoluto” al derecho constitucional. Sin responder concretamente a la pregunta de si considera que la huelga es contra ella, ha expresado que hay que “respetar y no criticar” esta medida de presión y ha instado al resto de administraciones a “tomar nota” y “tomar decisiones” para atajar los problemas.
“Cuando los salarios se absorben por las rentas por el alquiler, yo entiendo que los trabajadores y trabajadoras estén preocupados porque suban los salarios y bajen los alquileres”, ha añadido. “Todas las movilizaciones son importantes, pero esta además la lideran los sindicatos, que tienen un reconocimiento constitucional”, ha dicho. Y ha defendido las medidas tomadas por el Ministerio como respuesta a esta huelga.