Desahucian a una familia con cinco hijos en Bilbao y el juez pide acreditar que es vulnerable cuando ya están en la calle
Una familia con cinco hijos ha sido desahuciada este martes de su casa en el barrio de Zabala, en Bilbao, pese a que se trata de personas vulnerables y que carecen de alternativa habitacional, según ha denunciado la plataforma PAH Sendia, que asegura que “se quedan en la calle”. El desahucio se ha ejecutado tras la autorización de una sala de lo civil del Tribunal de Instancia, que ha rechazado sus recursos. Pese a que ya se ha ejecutado el lanzamiento este martes a las 10.30, el juzgado ha enviado una providencia hoy mismo, con fecha de entrega este miércoles día 14, para que en el plazo de cinco días se acredite que se trata de una familia vulnerable. Viviendas Municipales de Bilbao ha rechazado también concederles una casa pública.
El de esta familia ha sido un 'desahucio silencioso', es decir, sin concentraciones frente a la casa, ni cámaras, ni publicidad, por expreso deseo de la familia, “como los muchos que hay cada día desde hace años”, señala Rosa de la Fuente, portavoz de la plataforma, que llama la atención de que el juzgado no haya paralizado el desahucio, o al menos prorrogado el tiempo, y que ahora, ya “a toro pasado” pida más documentación para acreditar si es la familia vulnerable. “Si no lo tenía claro, podía haber prorrogado la decisión del lanzamiento para no dejarlos en la calle”, dice. De la Fuente denuncia que el juzgado no haya aplicado el 'decreto Maricamen', que entró en vigor el pasado día 8 de octubre, tras publicarse en el BOE, y que ya está sirviendo para que se suspendan otros lanzamientos que estaban en curso por ser familias vulnerables las que habitaban la vivienda.
La familia residía en esta casa desde hace once años, sin que haya fallado en los pagos de los alquileres, hasta que en el mes de marzo del año pasado, el propietario “que es rentista, aunque no se sabe cuántas propiedades tiene”, dicen desde la plataforma, les comunicó que tras finalizar el contrato debían abandonar la vivienda. Posteriormente, cambió el número de cuenta para que no pudieran seguir pagando el alquiler, según han denunciado desde la plataforma. Esto ha supuesto que acumulen una deuda de seis meses de alquiler, y la demanda de desahucio incluyera como motivos para el lanzamiento la finalización del contrato y el impago de las rentas, pese a que “no se trata de que no quisieran pagar, sino que no tenían dónde hacerlo”, señala Rosa de la Fuente. Pese a que se trata de una familia que cobra el Ingreso Mínimo Vital y ayudas al alquiler, el informe de servicios sociales, que según la plataforma “no se ha hecho de forma correcta, ya que incluso recoge que es deudora hipotecaria pese a que son inquilinos”, no ha servido para paralizar el desahucio, sino “para apuntalarlo”. Tampoco han fructificado las gestiones de la plataforma para que se les conceda un piso municipal público y evitar que se queden en la calle.
Pese a que en un principio parecía que se iba a paralizar el desahucio, finalmente el viernes les comunicaron que se procedería al mismo. “Justo a las puertas del puente festivo, sin dejar margen para buscar soluciones”, denuncian. La familia recogió la noche del lunes todo lo que pudo de la vivienda y salió de la que había sido su casa durante once años para repartirse en casas de familiares y amigos al carecer de alternativa habitacional. Rosa de la Fuente denuncia que el juez no haya aplicado el 'decreto Maricarmen' para impedir echar a la familia. “Ahora pide que se acredite la vulnerabilidad, y en eso estamos. Pero si tenía dudas de si eran vulnerables, o no, lo lógico era impedir el desahucio”.
Gracias a las gestiones de esta plataforma se ha conseguido paralizar otros dos desahucios este mismo mes: El de una mujer y su bebé, el pasado, viernes, 2 de octubre, en los Juzgados de Bilbao y el de Santurtzi, de una pareja con sus tres hijas menores, el lunes día 5 de octubre de 2026, en los Juzgados de Barakaldo. No obstante advierten de que no se trata de un problema nuevo, pese a que ahora se ha puesto de actualidad. “Llevamos 20 años en tensión continua”, denuncian.
El pasado 6 de octubre se produjo el desalojo de una vecina del barrio de Atxuri de Bilbao del piso en el que lleva viviendo de alquiler desde hace diez años y que pertenece a Alokabide, sociedad pública del Gobierno vasco. También era un desalojo que había autorizado el juzgado porque al parecer, y según denunció el Ejecutivo era una persona que “tenía que pagar una renta muy baja y acumula una deuda muy alta” por llevar varios años sin pagar pese a tener recursos para ello. Si embargo, unos días antes, el 28 de septiembre el juzgado paralizó el lanzamiento previsto de una mujer que ocupa una vivienda municipal de Bilbao y a cuyo contrato había finalizado.