ELA y LAB exigen a Pradales que presione a Confebask para subir el SMI y los sueldos públicos
ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que presione a la patronal vasca Confebask para que se siente con los sindicatos a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi, más elevado que en el resto del Estado, concretamente de 1.500 euros. Ambos sindicatos han considerado que el Ejecutivo vasco no puede seguir manteniendo la “equidistancia” en este tema, y que debe asumir “un liderazgo” para que los empresarios no bloqueen la negociación, y también, que dejen de “avalar” a una patronal que no cumple con su obligación de negociar.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntxa, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, han mantenido este miércoles un encuentro -juntos- con el lehendakari Imanol Pradales y con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, para pedir al Ejecutivo esta presión a la patronal en sector privado, aunque ambas centrales, junto con CCOO y UGT, mantienen también un conflicto abierto con el Gobierno vasco, en este caso como empleador, en la negociación de las condiciones laborales de los funcionarios y de la subida salarial para este colectivo.
Además de la presión sobre Confebask, ambos dirigentes sindicales han puesto sobre la mesa la necesidad de que se defienda que Euskadi pueda decidir un SMI propio dentro de la defensa del autogobierno y han pedido al Gobierno “determinación política” para conseguirlo. Estos sindicatos llevaron una ILP al Parlamento Vasco en este sentido, y los partidos del Gobierno PNV-PSE-EE vetaron que se tramitara. También llevaron a cabo una huelga general el 17 de marzo. “El Gobierno vasco no puede seguir poniéndose de perfil”, han señalado,
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha recordado que Confebask se ha negado a negociar con los sindicatos el tema del salario mínimo “tres veces consecutivas”. “Esta es la patronal que tenemos”, ha señalado. Precisamente, por considerar que con esta negativa los empresarios están incumpliendo su obligación de negociar, han reclamado al Gobierno que “no siga financiando a una patronal que no cumple su función y su deber de negociar”. En este sentido, ha pedido que se paralice la Ley de Participación Institucional “que lo que va a hacer es normalizar y naturalizar que haya una mesa de diálogo social en la que se sientan sindicatos que no llegan al 30% de representación y se financie a Confebask por participar en mesas que no hay contenido”, ha dicho Lakuntza.
“Esta es la paradoja: en aquellas mesas de negociación donde se debería estar hablando de cuestiones y materias específicas y concretas, la patronal no va, y en aquellas donde evidentemente no hay ningún tipo de contenido, es donde Confebask se sienta. El Gobierno no puede naturalizar esa situación y lo que tiene que hacer es en este caso, es dejar sin efecto la iniciativa de una ley de participación institucional que quiere eso seguir sobre financiando y naturalizando una posición de la patronal”. “Confebask recibe un premio, incluso cuando incumple sus obligaciones más básicas. Esto demuestra al servicio de qué intereses trabaja el Gobierno vasco”, ha denunciado el líder de ELA, que ha señalado que han salido del encuentro con Pradales y Torres sin haber escuchado lo que les gustaría, pero que han demandado el encuentro dentro de su función de “presionar” al Ejecutivo.
Garbiñe Aranburu, coordinadora general de LAB, ha considerado que “el tiempo de la equidistancia ya ha pasado”. “No se puede seguir escudando en la autonomía de las partes en la negociación colectiva para no intervenir y para no interpelar, y mandarle un mensaje muy claro a Confebask. Aquí el único responsable de la falta de negociación es Confebask y el Gobierno de Imanol Pradales no puede seguir dando por buena esta actitud”, ha manifestado. También ha exigido al Gobierno “una posición mucho más clara” para defender el SMI propio superior al estatal como forma de “esa necesidad de ensanchar el autogobierno en un tema que es crucial para mejorar la vida de miles y miles de trabajadores y sobre todo trabajadoras del país”. “Así como en otros temas sí que vemos que suele haber voluntad para hablar de la necesidad de ampliar el autogobierno, en esta cuestión troncal para las trabajadoras no vemos que exista esa determinación política. Eso tiene que cambiar. Esperamos que tengan una actitud mucho más proactiva que la que han mostrado hasta el momento para trabajar a favor de un SMI propio, porque es una reivindicación que es de derecho, que es de justicia social y que, además, es totalmente viable tal y como lo estamos planteando por parte de los sindicatos”, ha señalado la coordinadora general de LAB.
Conflicto en el sector público
Aunque el encuentro de este martes se ha restringido, al menos públicamente, al SMI propio de 1.500 euros, los sindicatos mantienen en estos momentos un conflicto abierto con el Gobierno vasco como empleador, por las condiciones laborales de los empleados públicos, en el que el sindicato LAB ya ha considerado que se hará necesaria una huelga tras la reunión de la Mesa de la Función Pública celebrada este pasado martes, en el que ni siquiera se entró a garantizar la subida del 4,5%, al depender de las decisiones que marque Madrid. De hecho, el Ejecutivo precisó que está condicionado por el límite general que establece la normativa estatal para el conjunto del sector público, aunque mostró su compromiso de asumir el máximo incremento que establece el Estado (4,5%) siempre y cuando se apruebe en la regulación que permita llevar a cabo este incremento.
“Son imprescindibles las huelgas y movilizaciones, ante la falta de voluntad de negociar del Gobierno en la Mesa General de la Función Pública”, señaló LAB tras el encuentro, que la consideró “mero trámite”. “El Gobierno vasco solo ha querido utilizarla para dar curso a algunos documentos sobre presupuestos, ayudas sindicales y contrato de relevo por jubilación, según la lista de temas que envió”, criticaban desde LAB tras el encuentro.
De igual forma, ELA denunciaba que el Gobierno vasco “no garantiza” la subida salarial del 4,5% para 2027 anunciada por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, cuando, a su juicio, debería ser del 7%, además del IPC de 2026. Pedía, además, medidas para recuperar el poder adquisitivo, reducir “la temporalidad del 43%” y recuperar los servicios públicos privatizados. Desde ELA enviarán a los partidos propuestas para que se valore incluir en los presupuestos autonómicos ese incremento del 7% en la subida de los empleados públicos.
También CCOO ha considerado que es necesario que la subida sea superior al 4,5%, “igual que se ha hecho ya en otros sectores dependientes del Gobierno vasco, para adaptar las retribuciones del personal público de Euskadi a su contexto socioeconómico, realizando subidas superiores”. “Dado que el IPC ya está por encima de ese 4,5%, de esta manera se evitaría la pérdida de poder adquisitivo este año”, añadían desde el sindicato.
UGT exigió que se ponga en marcha “sin más demoras” del contrato de relevo, que “lleva demasiado tiempo paralizado y hay muchas personas esperando”, así como medidas propias para Euskadi que defiendan el poder adquisitivo de las plantillas de la administración pública. En este sentido, criticaron que el anteproyecto de Ley de Presupuestos presentado a la Mesa General “no incluye importes ni anexos, lo que impide valorarlo con rigor”, y han añadido que “la escasa información aportada impulsa a valorarlo como un borrador continuista, restrictivo y poco ambicioso”.