La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha firmado un “manifiesto” con su homólogo gallego, Julio García Comesaña, para urgir al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte medidas ante el “gran problema” en la atención primaria. “No hay ahora mismo en la Sanidad un problema más urgente ni una necesidad más acuciante. Por ello, debemos adoptar un compromiso conjunto para sacar adelante con el máximo consenso las medidas de competencia estatal que tienen la llave para solucionar esta situación”, comparten Euskadi y Galicia. Se da la circunstancia de que, en el caso vasco, el PNV gobierna en coalición con los socialistas y que ha mirado a una comunidad de referencia del PP, dirigida hasta hace poco tiempo por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para presionar a la ministra Carolina Darias.
Euskadi lleva un mes sumida en el debate sobre la situación de los centros de salud. Ante la escasez de médicos, en una conferencia Sagardui mencionó la necesidad de un “cambio cultural” que supondría, según recalcó, desplazamientos más largos para ir a un ambulatorio o consultores atendidos solamente por enfermeros. No obstante, después ha matizado en múltiples foros sus palabras y su partido, el PNV, ha llegado a afirmar que no dijo lo que dijo. En un contexto de protestas sindicales -incluida una manifestación-, de quejas de la oposición y hasta de roces con el socio de Gobierno luego reencauzados, Euskadi viene recalcando que el origen de muchas de las disfunciones está en el Ejecutivo central, aunque las competencias sanitarias están transferidas.
Sin embargo, Euskadi y Galicia coinciden en que el Ministerio de Sanidad puede actuar en cinco puntos en el ámbito de la formación para evitar que naufraguen otras medidas contra la “sobrecarga asistencial, fatiga crónica, falta de tiempo por consulta y desmotivación” por falta de personal en los ambulatorios. Ambas comunidades apelan a la “máxima lealtad” y presentarán conjuntamente el documento este miércoles en el seno del consejo interterritorial que sienta a Darias con los consejeros autonómicos, el mismo foro que en fases anteriores de la pandemia adquirió rango de mesa de crisis para la adopción de medidas contra la COVID-19. Dan a entender que están abiertas a que se sumen otras comunidades también.
En cuanto a las medidas concretas, según un resumen del acuerdo facilitado desde el Ejecutivo vasco, “pasan por no dejar plazas desiertas MIR, por la creación de otras especialidades para evitar el desplazamiento de profesionales de medicina familiar y comunitaria, por la ampliación del número de plazas de formación especializada, por un plan extraordinario de formación o por una planificación rigurosa de futuro”. “El Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos debemos acordar un plan extraordinario de formación para acometer un importante incremento de las plazas formativas de esta especialidad en las convocatorias MIR de los próximos años que corrija la situación de déficit a la que nos llevan las previsiones de jubilación. Estimamos la necesidad de ampliación urgente de un orden de 1.000 plazas formativas anuales de medicina familiar y comunitaria en toda España”, abundan Euskadi y Galicia, que piden también que Urgencias y Emergencias sea una nueva especialidad de modo que muchos profesionales de primaria no opten por estos destinos aparentemente más atractivos.
“Creemos que estas propuestas pueden servir como base para un gran acuerdo nacional de medidas de choque para afrontar un problema que está afectando en estos momentos a profesionales y pacientes de todo el Estado español. El futuro del Sistema Nacional de Salud no se puede permitir que no actuemos con la máxima diligencia en un asunto de tan capital importancia. No hay ahora mismo en la Sanidad española un problema más urgente ni una necesidad más acuciante. Por ello, debemos adoptar un compromiso conjunto para sacar adelante con el máximo consenso las medidas de competencia estatal que tienen la llave para solucionar esta situación”, es la reflexión final del documento.
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