La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha firmado este viernes la orden de inicio de la elaboración de un nuevo decreto conjunto sobre “programación de la oferta” y “admisión educativa” en Euskadi. Se trata de una norma de planificación fundamental que por vez primera irá unida y que busca, en palabras de la consejera, responder a los cambios motivados por la caída de la natalidad y por el “aumento de la llegada de población de origen extranjero” en un contexto en el que las redes pública y privada concertada casi tienen el mismo peso.
Pedrosa argumenta que hay una “dispersión” normativa en la actualidad, con un decreto de planificación de 2009 y otro de admisión de 2018 en vigor. Después se han aprobado reformas educativas estatales e incluso la vasca, que es de finales de 2023. Además, en enero se conoció que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulaba la modificación realizada en 2023 del decreto de 2009. Ehige -familias de la escuela pública- y el sindicato Steilas lograron que prosperara un recurso que no entraba al fondo del contenido pero sí a que se había hecho sin observar los trámites administrativos exigibles. Educación anunció un recurso para dar la vuelta a esa sentencia de primera instancia pero, a la vez, trabaja ya en este decreto que daría por superado ese marco. En puridad, en diciembre ya lo explicó la propia consejera en una larguísima comparecencia en el Parlamento.
Desde hace dos cursos, está en vigor un sistema de cupos mínimos de matriculación en todos los centros que reciban fondos públicos -también en los concertados, por lo tanto- para que no sea la red pública la que absorba la mayor parte del alumnado considerado “vulnerable” por diferentes factores, como históricamente había ocurrido por la existencia de cuotas ilegales en la privada que ejercían de barrera de entrada. No sin tensiones -una ikastola privada de Zarautz ha sido sancionado con 140.000 euros por saltarse ese sistema- se ha ido aplicando ya y se hará por tercera vez en la campaña que arrancará ahora de cara al curso 2025/2026, aunque con ajustes, según publicó 'El Correo'. Es algo que algunas voces ven como una rectificación parcial del camino emprendido.
En la documentación preparatoria del decreto, Pedrosa plantea como objetivos “evitar la sobreoferta y la infraoferta”, lograr una “distribución equilibrada” de los estudiantes con “necesidades específicas” y dotar de “transparencia” y “objetividad” a la admisión y al mapa escolar. No se detallan las propuestas concretas, al menos en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, pero Pedrosa sí menciona los cambios demográficos vividos por la sociedad vasca en los últimos años. En concreto, se reseña que desde 2008 están cayendo los nacimientos. Están en su nivel más bajo en casi medio siglo.
Además, “entorno al [sic] 12% de la población escolarizada en Euskadi” o ha nacido en el extranjero o tiene al menos un progenitor no autóctono. “El sistema educativo vasco persigue el objetivo de conseguir la equidad en los resultados de aprendizaje de todo el alumnado independientemente de su país de origen, el equilibrio en la escolarización del alumnado en los centros educativos y la inclusión de todo el alumnado”, se puede leer. Este mismo viernes, el lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que sigue creciendo la denominada “matrícula viva”, es decir, los estudiantes que llegan a un centro durante el curso. Fueron unos 7.800 el pasado año y desde septiembre son ya unos 6.000, según sus números.
A partir de la fecha de la firma de esta orden, se abre un plazo de un mes aproximadamente -veinte días hábiles- para que presenten alegaciones organizaciones o particulares afectados. Se da la circunstancia de que el Parlamento Vasco debatió este jueves sobre esta materia. El portavoz del PNV, Aritz Abaroa, apuntó al “primer cuatrimestre” de este 2025 como horizonte para tener aprobado el decreto. La Cámara aprobó una resolución genérica, apoyada por el Gobierno y también por EH Bildu, para que se “adapte” el marco actual con base en la normativa de 2023 y en el pacto previo alcanzado en 2022 también con la ya extinta coalición de Podemos e IU.
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