Se da la circunstancia de que la letrada, a la fecha de los hechos, entre febrero y junio de 2010, tenía antecedentes penales computables a efecto de reincidencia al haber sido ejecutoriamente condenada en sentencia firme el 1 de abril de 2008, también por la Audiencia vizcaína, por un delito de estafa a la pena, entre otras, de dos años de prisión.
La abogada, que ha aceptado la pena y no recurrirá la sentencia, también ha sido inhabilitada para el ejercicio de la abogacía durante un periodo de 5 años y, como autora de un delito continuado de deslealtad profesional, ha sido también condenada a la pena de multa de 20 meses a razón de 6 euros al día e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por 2 años y 6 meses.
En la misma sentencia se condena al gestor que actuó de mutuo acuerdo con la abogada a la pena de 4 años y 9 meses de prisión, como autor de un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento público. Además, queda inhabilitado para ejercer la profesión de gestor y asesor por un tiempo de 4 años.
Asimismo, ambos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente con entre 1.600 y 1.700 euros a cuatro de los inmigrantes estafados.