El colectivo señala que, según las citadas revelaciones, agentes del CNI “hicieron un estudio exhaustivo” del bufete de abogados que representa a la viuda de García Goena y vicepresidenta de Covite, Laura Martín, después de que en junio de 2012 los abogados solicitaran a la Audiencia Nacional la reapertura de la causa “en virtud de nuevos indicios que apuntaban a que detrás del atentado podía estar el GAL marrón (formado por agentes del CESID y de guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo)”.
En un comunicado, Covite se refiere a la información publicada en un medio de comunicación, en la que, según la asociación de víctimas, se destaca que “intentaron captar a una de las secretarias del bufete como colaboradora del CNI para conocer qué nuevas pruebas iban a aportar los abogados a la causa”.
Ante la “gravedad” de estas acusaciones y con el objetivo de poner en conocimiento del Ejecutivo central “la falta de Justicia que gira en torno a los crímenes de los GAL”, Covite solicitará una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.