El Gobierno vasco va a recurrir la Ley de Costas del Ejecutivo central, que ha causado gran polémica por reducir la protección actual de 100 metros a solo 20. Pero el recurso es por cuestiones competenciales, al “suspender actos urbanísticos” de los ayunytamientos vascos y no tener en cuenta los informes previos medioamientales de las comunidades autónomas sobre industrias contaminantes.
En concreto, recurre cuatro artículos y dos disposiciones de la normativa. El portavoz Josu Erkoreka ha anunciado que primero se propondrá acudir a la Comisión Bilateral entre ambas instituciones para abrir un plazo de negociación de seis meses.
La vulneración de las competencias vascas se produce, tanto en materia de régimen local, ordenación del territorio y litoral como en urbanismo y viveineda y en medio ambiente y ecología. Además de la restriccion municipal en urbanismo “utilizando una vía excepcional prevista solo para casos de extrema gravedad” y no tener en cuenta los informes medioambientales del Gobierno vasco, también se aduce que se inmiscuye en criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras que se acometan “en los inmuebles situados en la franja litoral”.